República Centroafricana "debería confiscar los diamantes ensangrentados"

La organización Amnistía Internacional publica este miércoles un informe muy documentado sobre la ruta que siguen los diamantes desde el país productor hasta los países que los comercializan. Un camino sembrado de abusos. El estudio se focaliza en la República Centroafricana.

Menores trabajando en una mina de diamantes en la República Centroafricana. Amnistía Internacional

En un informe publicado este miércoles, titulado "Chains of Abuse: The Global Diamond Supply Chain and the Case of the Central African Republic" (cadenas de abuso: la cadena global de suministro de diamantes y el caso de la República Centroafricana), Amnistía Internacional revela que los principales comerciantes de la República Centroafricana han comprado diamantes sin investigar adecuadamente si con ello están financiando a grupos armados responsables de violaciones de derechos humanos. En efecto, a raíz de entrevistas con mineros y comerciantes, la organización expone de qué manera los grupos armados –los antibalaka cristianos o animistas, y los Séléka, predominantemente musulmanes– se benefician del comercio de diamantes.

Desde mayo de 2013 existe una prohibición de exportar diamantes debido al conflicto, sin embargo ésta se levantará parcialmente cuando el gobierno cumpla las condiciones expuestas en julio de 2015 por el Proceso de Kimberley. "Se ha anunciado que teóricamente se iba a levantar la interdicción de exportar los diamantes, cuando nosotros realmente tenemos grandes temores de que los diamantes que ya están disponibles para ser exportados sean diamantes ensangrentados", explica Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia.

Según reza el informe, "el gobierno debería confiscar los diamantes ensangrentados, venderlos y utilizar el dinero para beneficio público. La población de la República Centroafricana tiene derecho a beneficiarse de sus propios recursos naturales. El país, en su intento de reconstruirse, necesita que sus diamantes sean una bendición, no una maldición".

El estudio también documenta abusos en este sector como el trabajo infantil y el fraude fiscal.

Entrevistada: Geneviève Garrigos, presidenta de Amnistía Internacional Francia.