Tres décadas después, El Salvador se responsabiliza por el asesinato de Romero

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidió perdón en nombre del Estado por el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Este miércoles se cumplieron 30 años del crimen cometido por un francotirador miembro de un grupo de ultraderecha.

Salavadoreños con pancartas con la imagen del arzobispo Oscar Romero, durante la inauguración del monumento en el Aeropuerto de Comalapa, 24 de marzo de 2010 ©Reuters

"En mi calidad de presidente de la República pido perdón en nombre del Estado salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace treinta años". Con esas palabras, en un acto en las instalaciones del Aeropuerto Internacional donde se inauguró un mural en su memoria, el presidente Funes reconoció la implicancia del Estado en el asesinato del legendario cura.

El mandatario afirmó en su discurso que monseñor Romero fue "víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte" de la ultraderecha.

Funes, que fue elegido hace un año a la presidencia con el apoyo de la ex guerrilla Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) poniendo fin a 20 años de gobiernos de derecha, señaló que el perdón debió haber llegado hace tiempo.

"Dichos escuadrones de la muerte, lamentablemente, actuaron bajo la cobertura, colaboración o participación de agentes estatales", subrayó el presidente tras recordar que quienes mataron a Romero fueron identificados por instancias internacionales de investigación de las Naciones Unidas.

Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la capilla del hospital para enfermos de cáncer La Divina Providencia,
en la periferia de la capital salvadoreña.

El hermano del líder religioso, Gaspar Romero, dijo aceptar "con humildad y mucha gratitud el pedido de perdón" del mandatario en nombre de su familia.

Funes también dijo que la ley de Amnistía de 1993 no impide investigar graves violaciones a los derechos humanos como el caso del arzobispo o el de seis jesuitas y dos colaboradoras asesinadas en 1989.

También, Funes descartó que su gobierno planee derogar esa Ley. Para el Presidente, “lo que hace falta es que el órgano Judicial muestre voluntad política para investigar”.