La justicia brasileña investiga a una decena de políticos involucrados en el caso Petrobras
En la lista, que no ha sido revelada debido al secreto judicial, aparecerían varios miembros del oficialista Partido de los Trabajadores. La fiscalía pidió que los nombres fueran revelados, algo que podría complicar aún más al gobierno de Dilma Rousseff.
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Petrobras se ha convertido en la bestia negra de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. La persigue desde su campaña política, hace ya un año, y ahora amenaza con tomar nuevas dimensiones luego de que la fiscalía entregara una lista con los nombres de 54 nuevas personas a investigar, aclarando que varios de ellos tienen fuero y el resto pertenece a su círculo.
Los nombres no han sido revelados ya que están bajo secreto judicial. A pesar de esto la prensa local especula con que varios ex diputados y senadores del oficialista Partido de los Trabajadores aparecerían en ella. También un ex ministro y algunos políticos de oposición.
Todos ellos podrían estar involucrados en el caso Petrobras, un escándalo que estalló hace un año cuando salió a la luz la denominada ‘Operación Lava Jato’ que no es otra cosa que un extensa red delictiva que ofrecía a empresarios quedarse jugosas licitaciones de Petrobras, la primera compañía estatal brasileña, a cambio de sobornos. Se calcula que entre un 1 y un 3 por ciento de los millonarios contratos de la petrolera iban a parar a la red, es decir, al bolsillo de los directivos de la empresa y a políticos, entre otros. De esa manera y durante una década se habrían distribuido unos 4 mil millones de dólares.
La conexión política en el escándalo surge cuando el ex jefe de refinería y abastecimiento de la compañía, Paulo Roberto Costa, decide colaborar con la justicia, a cambio de una reducción de su pena, y delata una amplia red de corrupción donde están implicados políticos del PT y sus aliados del PMDB y el Partido Progresista.
Ahora la fiscalía pide abrir una investigación contra 54 personas, el mayor pedido de ese tipo en lo que va del caso –en diciembre pasado la solicitud fue por una investigación contra 35 personas, en su mayoría empresarios-, de allí el fuerte impacto que ha causado la noticia en Brasil.
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