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Noticias de América

La Unión Patriótica sigue exigiendo justicia en Colombia

Primera modificación:

Hace unas semanas, el quinto Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño" fue otorgado a la corporación Reiniciar. Esta ONG colombiana apoya y representa legalmente a las víctimas de persecución política de la Unión Patriótica, una unión de varios miembros de grupos guerrilleros desmovilizados. Entre ellos se encuentran militantes de las FARC.

Manifestación de apoyo a las víctimas de la Unión Patriótica.
Manifestación de apoyo a las víctimas de la Unión Patriótica. Facebook Reiniciar
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A finales de los años 80, durante un intento de negociación de paz en Colombia, unos 5.000 militantes de La Unión Patriótica fueron asesinados por grupos paramilitares miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Treinta años después, las víctimas siguen exigiendo justicia.

Para Jahel Quiroga Carrillo, directora de la corporación Reiniciar, han avanzado mucho con las víctimas "en la recuperación de la memoria y la judicialización de los hechos que constituyeron violaciones de derechos humanos", y obtener el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos "Antonio Nariño" es muy importante porque es un reconocimiento "a la resistencia de las víctimas a no dejar en el olvido el caso y a exigir justicia por parte del Estado colombiano".

En 1985, el año de la creación de la Unión Patriótica, el partido presenta un programa social ambicioso y alternativo. Durante las elecciones del 25 de mayo de 1986 obtiene 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.

Su candidato Jaime Pardo Leal llega a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales. La fiesta dura poco. Será asesinado poco después así como el siguiente candidato presidencial cuatro años más tarde, Bernardo Jaramillo.

Miles de militantes políticos serán igualmente asesinados. Otros más serán desaparecidos. Es lo que las víctimas y las organizaciones de DD.HH. llaman "genocidio político". Ahora que las FARC negocian un acuerdo de paz y un posible regreso a la vida política, Jahel Quiroga nota las similitudes con este proceso: "La misma guerrilla de las FARC tiene víctimas en la Unión Patriótica. Entonces la reparación política tendrá que discutirse en La Habana en el punto de la ampliación de la democracia".

Para Quiroga, la base de todos esos bloqueos es una vieja normativa que impide establecer relaciones de confianza: "En Colombia aún se practica la doctrina de la seguridad nacional, surgida en el marco de la Guerra Fría, en la que los movimientos de oposición política figuran como parte del enemigo interno".

La mayoría de homicidios no cuentan con condenas. En algunos casos puntuales se ha condenado a autores materiales, pero los autores intelectuales siguen en la impunidad. Claro está, lo que más desean las víctimas es que se haga justicia. Pero también piden una reparación que se ajuste a este caso, es decir "una reparación transformadora de las condiciones de vida: una de las causas del conflicto armado interno es la inequidad social", explica la directora de Reiniciar.

En 1993 se interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado colombiano por su responsabilidad y participación en los crímenes contra la Unión Patriótica. Al aceptar la demanda, la CIDH afirmó que "los hechos alegados compartían muchas características con el fenómeno del genocidio". Sin embargo, los hechos no se ajustan a la definición jurídica actual del delito de genocidio, lo que no impide que el Estado colombiano sea condenado.

"Estamos cerca", estima Jahel Quiroga: "Este año la CIDH va a declarar la responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, y ahí nos tendremos que sentar con el gobierno para ver cómo se repara a las víctimas. Y no de cualquier manera, tendrá que hacerse un programa de reparación integral solamente para la Unión Patriótica".

En julio de 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica. Había sido suprimida ya que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso. El fallo reconoce que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieran la representación requerida.

Entrevistada: Jahel Quiroga Carrillo, directora de la corporación Reiniciar.
 

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