La cúpula del poder, salpicada por la corrupción en Brasil
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La clase política de Brasil fue sacudida por la justicia la semana pasada, con una serie de acusaciones en contra de los más altos responsables del poder.
La mañana del viernes, las fuerzas de seguridad allanaron el domicilio del expresidente Ignacio Lula da Silvia a pedido de fiscales que lo sospechan a él y a su familia de haber recibido favores de grandes empresas constructoras.
El que dirigió Brasil de 2003 a 2010 fue llamado a declarar sobre posibles hechos de corrupción y de lavado de dinero. La fiscalía que investiga el megafraude a la petrolera estatal Petrobras afirma que tiene indicios de que Lula recibió unos 260.000 dólares sin justificativo lícito de una constructora, a través de la remodelación de un departamento de lujo en un balneario.
La justicia investiga también un pago de muebles y almacenamiento de objetos al final de su mandato. Una serie de acusaciones que rechazó el expresidente, después de su comparecencia.
Según Marcial Suarez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, era inevitable que el operativo “Lava Jato”, o lavadero de auto, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, salpicara a Lula.
Afonso Florence, líder de los diputados del Partido de Trabajadores al que pertenecen Dilma Rousseff y Lula da Silva, calificó la acción judicial de declaración de guerra contra el PT, contra Lula y la presidenta Dilma.
De manera casi simultánea, una revista brasileña filtró unas supuestas declaraciones de Delcidio Amaral, un exsenador oficialista que acusa a la presidenta Rousseff de interferir en la investigación sobre la corrupción en Petrobras. El senador Amaral sin embargo desmintió estas alegaciones.
Entrevistado: Marcial Suarez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Fluminense de Río de Janeiro.
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