El sueño de la educación gratuita en Chile

En Chile, en el 2011, cientos de miles de estudiantes marcharon por las calles de este largo y angosto país exigiendo una educación gratuita y de calidad, fin al lucro y acceso a la universidad asegurado como un derecho universal. Un reportaje de Yasna Mussa, desde Santiago de Chile.

Facebook FECH

Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Chile se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo, teniendo un costo 19 veces mayor, por ejemplo, que en Francia. Además, el aporte monetario de las familias para la educación terciaria de sus hijos alcanza un récord mundial.

La universidad, un sacrificio para muchas familias

En el 2011, Victoria Parra tenía 16 años, cursaba el penúltimo año del liceo en su ciudad natal de Chillán, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital, y soñaba con entrar a la universidad, transformándose así en la primera integrante de su familia en acceder a la educación superior. Un sueño que era más bien un sacrificio para su familia.

"Lo pensé mucho tiempo", cuenta Victoria, "pero creo que los papás son capaces de hacer hasta lo imposible para que su hijo cumpla su sueño. En mi familia somos la primera generación en entrar a la universidad, mis papás no son universitarios y siempre esperaron que su hija pudiera entrar, entonces yo creo que hacen un esfuerzo sobrehumano para lograr cumplir el sueño de su hija".

Así, Victoria Parra se instaló en Santiago para estudiar Periodismo en la Universidad Diego Portales, una institución privada que se encuentra dentro del Consejo de Rectores de Chile y que se suma al sistema de gratuidad promulgado en 2015 por la presidenta Michelle Bachelet. El proyecto es parte de la reforma educacional asumida como compromiso de gobierno durante la campaña presidencial.

Victoria es una de las beneficiadas y en el patio de su universidad recuerda que cuando llegó a Santiago estaba feliz y ansiosa por entrar a clases. Sin embargo, esa felicidad era opacada por la preocupación y la urgencia de conseguir becas y ayudas financieras para poder cubrir sus gastos de matrícula, mensualidad, alojamiento, transporte y comida, lo que sumaría una cantidad de 700 mil pesos mensuales, es decir, más de tres veces el salario que reciben sus padres.

"Yo soy la única hija, pero actualmente mi mamá se hace cargo de mi papá porque él está muy enfermo. Y ella trabaja de lunes a domingo con un sueldo mínimo, como gran parte de los chilenos", explica Victoria. "Para la matrícula no hay ninguna opción de beca, la única opción que te dan es pagarla en cuotas mensuales, entonces mis papás tenían que pagar todos los meses alrededor de 50 mil pesos; generalmente lo pagaba un tío mío porque a mi mamá, con los 200 mil pesos que gana, no le alcanzaba, y tenían que enviarme plata para alimentarme, movilizarme, para todo lo que implica vivir en otra ciudad".

La Ley Corta de Gratuidad, un paso importante

Bachelet anunció en diciembre pasado las características de la llamada Ley Corta de Gratuidad, que beneficia a 165 mil estudiantes de los cinco primeros deciles de menores ingresos, es decir a las familias con un presupuesto per cápita de hasta 154.166 pesos mensuales, unos 200 euros, lo que equivale al 50 por ciento más vulnerable del país.

Camila Vallejo fue una de las principales líderes del movimiento estudiantil en 2011. Segunda presidenta mujer en la historia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH, se convirtió en un icono de esa juventud que exigía que luego de 35 años la educación volviese a ser gratuita, tal como lo era antes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora diputada de la República y presidenta saliente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, ella cree que esta ley es un hito histórico.

Desde su escaño en el Parlamento ve desde la otra vereda los avances en la educación: "Ha sido un gran desafío. En el 2011 muchos nos dimos cuenta de que era importante, necesario y urgente que nuestras instituciones políticas, nuestros espacios de poder político se viesen permeados por las demandas sociales. No bastaba simplemente con tener una mayoría en las calles demandando un cambio en la educación sustantiva, sino que necesitábamos también un Parlamento que apoyara esta idea y que por lo tanto pudiera legislar una reforma estructural en la educación chilena, pudiendo no solamente garantizar el derecho a la educación vía la gratuidad, sino también hacer una reforma profunda".

Los límites de la nueva legislación

Las críticas apuntan a la falta de información, errores y restricciones que han perjudicado el proceso. Miles de estudiantes no saben cuál será su situación para este año académico. Camila Rojas, actual presidenta de la FECH y militante de Izquierda Autónoma, asegura que el movimiento estudiantil saldrá a las calles nuevamente en este 2016 y que la implementación de la gratuidad no es más que un sistema de becas que no responde a sus demandas. "Lo que vemos con esta gratuidad es que el sistema de becas mejoró pero sigue siendo eso, un sistema de becas donde principalmente depende de la situación socioeconómica del estudiante", afirma.

Para Rojas, no ha habido un cambio sustantivo en esta propuesta del gobierno socialista de Bachelet: tanto la forma como el fondo siguen presentando numerosos fallos que están provocando confusión en los estudiantes y generando falsas expectativas. Aunque la mayoría de los estudiantes comenzaban sus clases a fines de marzo, muchos han tenido que inscribirse sin saber aún qué pasará con su situación económica.

El proceso de selección puede dejar a estudiantes fuera de la gratuidad por una diferencia de ingresos de 10 mil pesos en el presupuesto familiar, unos 15 euros, siendo uno de los puntos más criticados tanto por alumnos como por dirigentes y políticos.

Javiera Riveros es una de las miles de estudiantes que tenían la esperanza de comenzar este año con el alivio de no endeudarse para tener acceso a la educación. Estudiante de Periodismo, pertenece a una familia donde los cuatro miembros que la componen trabajan para poder llegar a fin de mes y para que tanto ella como su hermana menor puedan acceder a la educación superior.

"Es un sacrificio más que para mí, para mis papás, porque en mi familia somos dos estudiantes", cuenta Javiera. "En un principio a mi hermana no le dieron el crédito con aval del Estado entonces tenían que pagar 400 mil pesos mensuales además de mi mensualidad, y la gratuidad era una esperanza. Yo estoy con beca en estos momentos, la beca Juan Gómez Millas que me cubre parte de la carrera y con crédito".

Este crédito es un contrato con la banca privada que significa un 2 por ciento de interés anual y que se comienza a pagar una vez egresado de la carrera. Con el sistema de gratuidad los estudiantes podrán elegir una carrera universitaria que en promedio dura cinco años, pero en caso de retrasarse por desempeño académico o por motivos personales, tendrán que cubrir ellos la diferencia del arancel por el tiempo extra de estudios. Para Camila Rojas, la ley de gratuidad se encuentra lejos las aspiraciones del movimiento estudiantil pues se sigue tratando a los estudiantes como consumidores.

Incertidumbre y sentimiento de exclusión

Para el joven diputado Giorgio Jackson, otro de los parlamentarios que encabezó el movimiento estudiantil de 2011 junto a Camila Vallejo, si bien la gratuidad es un avance, ésta se encuentra muy lejos de la solución que piden los chilenos quienes exigen el acceso a la educación como un derecho social y universal: "Era una medida para acelerar el beneficio de los estudiantes a la hora de enfrentarse a los aranceles, pero por ningún motivo era consecuencia de la lucha que se ha dado desde hace un buen tiempo por parte del movimiento estudiantil. Por cierto que nos alegramos que hayan estudiantes que este año puedan estudiar gratuitamente, pero eso no puede en ningún momento llamarnos a descansar, o bajar los brazos y sentir que las cosas ya están cumplidas porque todavía no ingresa el proyecto a la educación superior que es por el que estamos peleando durante todo este tiempo".

En Chile, el sueldo mínimo está fijado en 250 mil pesos. Por eso, la incertidumbre de algunos estudiantes que aún no saben si se encuentran dentro de la gratuidad es angustiante. Pedro Gospodnetic es estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile, una de las universidades tradicionales de mayor prestigio en el país y que hasta 1981 era totalmente gratuita. En la actualidad, la carrera de Sociología cuesta 3 millones 10 mil 500 pesos al año, unos 3.936 euros, lo que para Pedro y su familia resulta imposible de costear.

"Estoy financiado con dos becas", explica Pedro. "Una es la beca Bicentenario, la cual paga un 90, 95 por ciento del arancel y el otro lo paga la beca Universidad de Chile que es una beca interna. Y en este año, sigo con las mismas becas pero me han dicho que estoy pendiente, para el proceso de cambio y ya no van a existir estas dos becas sino que se van a reemplazar por el nuevo proceso que es el de la gratuidad. Sobre el cual aún no se informa bien, y nos están estresando, y estamos esperando".

Los estudiantes afirman que no han sido considerados para ser parte activa en este proceso de reformas y que por lo mismo se mantienen críticos frente a los cambios propuestos por el gobierno, como asegura Camila Rojas, presidenta de la FECH: "A nosotros se nos presentó el borrador de la reforma junto a otros actores, los rectores principalmente, y durante el 2015 estuvimos trabajando en mesas pre-legislativas. Pero si bien se nos invita, se nos informa, nuestros posicionamientos no quedan considerados finalmente, por lo tanto sí hemos sentido esa exclusión".

2016, un año clave

Tanto por las diferencias entre las partes como por la urgencia que significa encontrar una solución a los estudiantes que aún continúan pagando cifras millonarias en sus aranceles, la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) mantendrá las movilizaciones y el debate hasta concretar un acuerdo que satisfaga sus demandas.

Para Camila Rojas, 2016 será un año clave: "Esperamos que sea un año de ofensiva. Lo que queremos es que este 2016 pueda ser un avance hacia donde la educación se entiende como un derecho social, y para eso sabemos que tenemos que estar movilizados, que es necesario tener fuerza social, convocar a más actores, tener respaldo ciudadano, y ése es el desafío que tenemos este año".

Mientras tanto, la nueva legislación significa una pequeña batalla ganada para familias como las de Victoria Parra, quien asegura que puede respirar más tranquila. Otros siguen esperando que sus nombres aparezcan en la lista que se entregará el próximo 27 de abril. Lo cierto es que en este otoño chileno, las grandes avenidas recibirán nuevamente a miles de estudiantes marchando por reconquistar su derecho a la educación.