La CIDH ‘está próxima a una quiebra financiera’
El Secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, alertó a RFI sobre las consecuencias de la crisis financiera ‘extrema’ que corre la organización por la falta de contribuciones de los países latinoamericanos.
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RFI: ¿Cómo la CIDH ha llegado una situación financiera tan problemática?
Emilio Álvarez Icaza: Lamentablemente éste no es un asunto de primera instancia, es un problema recurrente. Pero en otros momentos, esta precariedad financiera se pudo atenuar o contener esencialmente por contribuciones de países observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente europeos. Particularmente en los últimos seis años hemos tenido contribuciones destacables de la Unión Europea o de países como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, y en menor medida Inglaterra o Irlanda. También ha contribuido Holanda. Un conjunto de naciones europeas que tienen en su prioridad la cooperación internacional en Derechos Humanos. Pero los acontecimientos recientes en términos de la crisis migratoria de solicitantes de asilo provenientes de Siria, de algunas otras regiones de Asia central, de África e inclusive algunas regiones de Europa central han hecho que la cooperación europea mude a estas prioridades. Y eso pone en evidencia que los países miembros de la OEA no están atendiendo su responsabilidad y compromiso. Ellos deberían ser los primeros donantes a esta entidad. Deberían ser los países de América del Norte, América Latina y el Caribe los que se encargaran de su propio sistema y tristemente no es así. De manera que ahora queda muy en evidencia que los estados miembros de la OEA no están haciendo las contribuciones suficientes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda seguir desarrollando su labor de protección de las víctimas, de los derechos humanos y de trabajo en materia de justicia en el continente.
Notamos, como usted dice, que muy pocos países han contribuido. Por ejemplo, México no ha contribuido últimamente…
Es así porque México ha dado recursos esencialmente para atender un caso muy importante de su portafolio, el de los 43 estudiantes desparecidos, pero no le ha dado contribuciones de la CIDH. Tenemos contribuciones como la de Chile, que ha dado ahora para hacer un período de sesiones en Santiago, que se hará en el mes de junio; hemos recibido algunas contribuciones de Argentina, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, pero todas en menor medida, de manera tal que el año pasado el conjunto de donaciones de los países latinoamericanos fue menos de 200.000 dólares. ¿Por qué esto es relevante? Porque los países de América Latina y el Caribe sí dan dinero a otras instancias, lo cual celebramos. Por ejemplo, a la Corte Penal Internacional (CPI) estos mismos países de América Latina y el Caribe dieron más de 13 millones de dólares. Hay una diferencia significativa. La CPI tiene sólo un caso en estudio de esta región. La CIDH tiene prácticamente 7.000 peticiones de estos países. Ahí es cuando uno empieza a estudiar y encuentra pareciera una pedagogía de a más casos menos dinero, y a ninguna influencia o cero casos, le doy dinero. Es cuando se observa que no es necesariamente un problema de falta de recursos. Es un problema de no ubicar a la CIDH como prioridad en la cooperación internacional.
Y si fuésemos mal pensados diríamos que hasta les conviene a muchos Estados porque frecuentemente lo que dice esta institución tiene por blanco justamente lo que hacen o no hacen estos Estados...
Justamente tiene que ver con lo que los Estados han dicho. Los Estados crearon esta entidad como la CIDH para proteger los derechos humanos en la región. Tienen en muchas ocasiones un discurso muy protagónico en materia de Derechos Humanos, lo cual es de saludarse. Pero eso no ha sido acompañado de los recursos de un organismo de este alcance continental. ¿Qué es lo que quisiéramos? Pues que la chequera alcanzara un poquito la narrativa. ¿Cuál es el riesgo de lo que está pasando? Que si no recibe la CIDH recursos hacia mediados de junio, está en riesgo de que el 40% de su personal deje de trabajar aquí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se va a retrasar la protección a las víctimas, que quienes reciban medidas cautelares puedan quedar en riesgo de indefensión, que se atrasa a 40% la protección a la justicia. Es decir, el impacto es de una enorme magnitud y no sólo porque no se protege a las víctimas, sino porque ya la CIDH ha anunciado la suspensión de sesiones en julio y en octubre. Con eso se cierra un espacio muy importante para la sociedad civil: cerca de 350 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente vienen a estas audiencias, hay víctimas que exponen sus casos, hay temáticas emergentes como el tema del derecho al agua, el uso de la fuerza, el tema de los megaproyectos que están afectando a comunidades indígenas… Es decir, se cierra un espacio muy importante, si no el más importante de derechos humanos en el continente americano.
Se puede decir que la CIDH está en gran peligro…
Está en gran peligro, está próxima a una quiebra financiera. Digamos, que 40% de su personal tenga que dejar la entidad porque no hay recursos, esencialmente porque no hay contribuciones, es una tragedia.
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