Nueva ley anticorrupción mexicana "indulta" a funcionarios públicos
Empresarios y otros particulares que firmen contratos con el gobierno o accedan a recursos públicos, deberán presentar una declaración patrimonial y fiscal; pero esta exigencia no será la misma para los funcionarios públicos.
Primera modificación:
Por Luis Chumacero
El congreso mexicano ratificó el jueves un texto modificado de la llamada “Ley 3de3” contra la corrupción, restándole gran parte de su fuerza.
Uno de los dispositivos principales de esta ley pretendía aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el gobierno, obligando a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. Después de las modificaciones votadas ayer, no deberán hacerlo si esto afecta su vida privada o divulga sus datos personales.
En un efecto boomerang, y pese a protestas ciudadanas, toda persona física y moral que celebre contratos con el gobierno o acceda a los recursos públicos, sí deberá presentar estas declaraciones.
“La redacción es tan deficiente y ambigua que cualquier trabajador en lo general tendría que presentar sus declaraciones: directivos, albañiles, personal de limpieza (...) electricistas, adultos mayores”, dijo la diputada Guadalupe Murguía en una sesión del congreso que discutía la ley este jueves. Añadió que con las modificaciones, la Ley 3de3 es “inoperante” y que podría ser impugnada.
México pierde unos 19.000 millones de dólares cada año por su alta corrupción, aproximadamente un 9% del PIB del país. Según el organismo Transparency International, México ocupa el puesto 95 de 168 en el índice de percepciones de corrupción en el mundo y padece de un serio déficit de transparencia.
Ley 3de3
Esta ley surgió como una iniciativa ciudadana que proponía una batería de reformas legislativas anticorrupción. Para ser tomada en cuenta por el Congreso mexicano, la iniciativa pretendía reunir 120.000 firmas. Recabó 630.000 y la ley fue adoptada formalmente como proyecto legislativo, pero cuando pasó al Senado, una coalición liderada por el Partido Revolución Institucional (PRI), impuso las modificaciones del jueves.
A los empresarios mexicanos que se han manifestado por las calles contra estos cambios, se suman varios académicos que dirigieron una carta abierta a la cámara de diputados puntualizando cuáles son los artículos que quisieran ver retirados del texto. “Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, presenten estas tres declaraciones. Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía", se puede leer en la carta.
Casa de la corrupción
México ha sido sacudido por varios escándalos de corrupción recientemente. Destaca una propiedad valuada en varios millones de dólares y apodada la “Casa Blanca” que compró la primera dama Angélica Rivera. Había sido construida por el mismo contratista que se encargó de importantes obras públicas cuando Enrique Peña Nieto, el actual presidente, era el gobernador del Estado de México. Ese mismo contratista había vendido una casa al secretario de Hacienda y ganó una licitación para construir en México el primer tren de pasajeros de alta velocidad en el país y en América Latina.
Ante manifestaciones de indignación ciudadana, el gobierno suspendió abruptamente el proyecto y prometió investigar si había un conflicto de interés en la compra de la “Casa Blanca”. Lo hizo mediante un comité especial cuyo titular, un allegado del presidente, llegó a la conclusión de que no existía conflicto de intereses. Según el politólogo José Antonio Crespo, del CIDE, "Pusieron a un subordinado a resolver el caso, vimos al gobierno como juez y parte". La patronal pide una vuelta a la versión original de ley.
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