Caso Odebrecht: la constructora adelanta 9 millones de dólares a Perú
El gigante de la construcción Odebrecht llegó a un acuerdo con la justicia peruana: se compromete a entregar información sobre los sobornos que regaló a los funcionarios peruanos a cambio de contratos por obras entre 2005 y 2014.
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La primera línea de metro de Lima, las carreteras interoceánicas norte y sur que conectan Brasil con Perú o la central hidroeléctrica de Charcani son algunas de las innumerables obras que realizó el grupo Odebrecht desde el inicio de sus actividades en Perú en1979 (ver lista aquí).
Sin embargo, para ganar las licitaciones de estas obras, el gigante de la construcción Odebrecht pagó millonarios sobornos a responsables peruanos, un método que empleó en 13 países del continente americano y de África, desde Estados Unidos pasando por México, Argentina y por supuesto Brasil. En total, la constructora reconoció haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica.
Estas revelaciones las hizo la justicia de Estados Unidos a finales de diciembre 2016 cuando Odebrecht pagó cerca de 2000 millones de dólares a los gobiernos estadunidense, brasileño y suizo para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en estos tres países.
El 6 de enero, la Fiscalía peruana anunció que la constructora brasileña se comprometió a suministrar información y a devolver 8,8 millones de dólares a Perú, como parte de las ganancias ilícitas que obtuvo en ese país.
La fiscalía de Perú investiga Odebrecht desde noviembre por el presunto pago de 29 millones de dólares de sobornos que la empresa reconoció haber entregado entre 2005 y 2014 a oficiales peruanos a cambio de contratos de obras públicas que generaron 143 millones de dólares de ganancias, según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según Walter Albán, director de la ONG de lucha contra la corrupción Proética (capitulo peruano de Transparency Internacional), el caso de corrupción de Odebrecht en Perú “marca un hito”.
“Si bien al término del gobierno de Alberto Fujimori se desató una situación que llamaba poderosamente la atención por los niveles de corrupción a los que se había llegado, hubo una reacción y un compromiso para evitar que se repitiera en el futuro, se obtuvieron algunos logros importantes. Pero en el camino se ha bajado la guardia en materia de reglas que rigen la contratación pública por ejemplo”, comentó Albán en entrevista con Radio Francia Internacional.
La magnitud del caso es tal que la fiscalía peruana ha tenido que presentar una solicitud de presupuesto adicional por 3 millones de dólares.
“Esta plata que va a entrar va a ir a la fiscalía para que [se] ocupe de mejorar todo el proceso acusatorio”, declaró el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
El jefe de Estado agregó que las penalidades que deberá pagar la empresa brasileña, una vez que concluya el proceso en su contra, “podría ser de centenares de millones”.
“Desde Proética quisiéramos promover que se puedan establecer mecanismos que están previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción para que pudieran haber fórmulas de trabajo conjunto entre autoridades de varios de los países implicados. Eso permitiría avanzar más rápido”, agregó Walter Albán.
El fiscal peruano a cargo del caso, Hamilton Castro informó que ya está trabajando con otros países: “No es necesario ocupar o allanar las instalaciones de la empresa en Perú. Los registros de coimas no están en las oficinas de San Isidro de Odebrecht (en Lima). Están en Suiza y ya las tenemos aseguradas”, dijo en conferencia de prensa el 2 de enero.
¿Cancelar los contratos en curso?
La otra consecuencia inmediata de las revelaciones sobre este esquema de corrupción concierne las obras en curso que Odebrecht realiza en Perú, como la del Gasoducto sur Peruano, un proyecto de 1134 kilómetros para transportar gas natural desde la selva de Cusco hasta la costa sur de Perú.
El congresista socialista Alberto Quintanilla opina que el Estado peruano debe rescindir el contrato e iniciar una nueva licitación.
El mismo presidente peruano no descartó tal eventualidad en caso de que la justicia revele que la licitación de la obra Gasoducto haya sido fruto de la corrupción.
Sin embargo aclaró que “no todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú es corrupto”, por lo que no se cancelarán todos los contratos con la empresa brasileña.
Otros países han tomado medidas más drásticas: Ecuador que ya ha tenido litigios con la constructora en el pasado, impidió a las instituciones públicas firmar contratos con Odebrecht mientras se investigan los eventuales sobornos. Y en Panamá, el gobierno informó por voz de Alvaro Alemán, portavoz de la presidencia, que se buscará cancelar los contratos públicos con la firma brasileña.
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