En Chile unas 500 mil personas son víctimas de un “corralito de salud” luego de que las autoridades impidieran la salida de los afiliados de una de las mayores aseguradoras privadas de salud del país.
Se trata de la Isapre Masvida, hasta ahora una de las aseguradoras más confiables del sector, pero protagonista de una crisis financiera que llevó a las autoridades a tomar la decisión. “Lo hacemos para proteger a los usuarios y sus contratos”, dijo el superintendente de salud, Sebastián Pavlovic. Una situación muy compleja.
Las isapres fueron creadas en 1980, bajo la dictadura de Pinochet, entregando casi el 60 por ciento de las prestaciones de salud a cerca de un 18 por ciento de la población chilena, que paga como mínimo un 7 por ciento de su salario para la cobertura de estas empresas que se han convertido en verdaderos holding de la salud, porque algunas también son dueñas de hospitales y centros de atención.
Las isapres cobran más según la edad, el sexo y el estado de salud de sus afiliados. Además incrementan el valor de sus planes en promedio un 5% al año. Se trata, entonces, de un problema de fondo que no se ha logrado solucionar.
De hecho la presidenta Michelle Bachelet planteó una reforma al sistema privado de salud, una promesa que no se ha cumplido cuando a la mandataria socialista sólo le queda un año en el poder.
Entrevistado: Matías Goyenechea, presidente de la Fundación Creando Salud.
Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas
Suscribo