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Américas

El senado colombiano da luz verde a la jurisdicción para la paz

media El senador colombiano Antonio Navarro Wolf. Twitter.

Luego de una maratónica sesión el Senado colombiano aprobó la reforma que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado.

¿Cómo, cuándo y por qué delitos deberán sentarse en el banquillo de los acusados los guerrilleros de las Farc una vez se acuerde la paz? Esa es a la pregunta que tras cuatro años de negociaciones, posterior refrendación del acuerdo y ahora discusión en el senado, deberá responder la flamante Jurisdicción Especial para la Paz, el entramado jurídico con el que Colombia deberá enfrentar su futuro, ya sin el conflicto armado que la carcomió por más de cincuenta años.

La madrugada de este martes los senadores dieron los ajustes finales a dicho marco legal, en una ardua sesión y posterior firma de la que se excluyeron los derechistas del Centro Democrático, del ex presidente Álvaro Uribe.

Con esto se decide de qué manera serán juzgados los delitos que se cometieron hasta el 1 de diciembre de 2016. Quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Estamos hablando de guerrilleros, agentes estatales y algunos civiles. De no hacerlo, y de ser declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.

“Solamente si sumamos a los de las FARC, más la fuerza pública deben ser unas 2.000 ó 3.000 personas las que estarán concernidas por esta jurisdicción. A eso se suman los terceros –civiles- que su número es incierto luego que la reforma no hiciera obligatoria su comparecencia ante el tribunal”, dice a RFI el senador Antonio Navarro Wolf.

Unos 70 cambios al texto original fueron discutidos en estos meses posteriores a la firma del acuerdo entre la guerrilla y el gobierno. Cambios que no dejaron a todos satisfechos. “Lo que se aprobó está bien. Sin embargo, yo quise dejar mi inconformidad en un punto”, dice el senador Antonio Navarro Wolff al referirse a un punto ampliamente discutido por los congresistas y que es la comparecencia de terceros ante los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. En ese punto se acordó que civiles involucrados de alguna manera en el conflicto, por ejemplo empresarios extorsionados para financiar grupos ilegales, no estarán obligados a acudir a dicha jurisdicción para ser procesados.

Un punto en el que Navarro Wolff no está de acuerdo: “Antes se decía que esa financiación debía ser vista por la jurisdicción especial para la paz. Finalmente se excluyó esa afirmación. No es consistente que sea la financiación de grupos ilegales es un delito de lesa humanidad y no se obligue a los civiles involucrados a presentarse ante la justicia. Ahí el gobierno se equivocó”.

Otra reforma fue la referida al cultivo de coca, en la que el gobierno había planteado sus inquietudes, y en la que finalmente se consensuó que habrá un tratamiento penal diferenciado en la referente a la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos.

Los analistas coinciden en que se trata de un paso fundamental para poner en marcha la paz en Colombia, ahora que la guerrilla está concentrada en las zonas veredales, en pleno proceso de desarme.

Ahora, para su plena entrada en vigencia, la jurisdicción para la paz deberá ser revisada por la Corte Constitucional y recibir la sanción del presidente Juan Manuel Santos.
 

 
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