'La ruptura grave de la institucionalidad democrática de Venezuela'
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Un análisis sobre la legalidad y las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias del Parlamento.
Este jueves cayeron sobre Venezuela una serie de declaraciones de cancillerías condenando el fallo del Tribunal supremo venezolano que se otorgó los poderes de la Asamblea Nacional.
Estados Unidos califica el dictamen de usurpación de poder y de grave retroceso para la democracia, mientras que la Unión Europea, Brasil, Chile, México y Colombia emitieron declaraciones también para condenar la violación a la separación de poderes. Perú retiró a su embajador. La crítica más dura la formuló el secretario general de la OEA Luis Almagro, que tildó de auto-golpe de Estado lo que ocurrió el miércoles por la noche en Caracas.
“Desde las organizaciones de Derechos Humanos venimos denunciando desde el año 2016 que en Venezuela el gobierno ha tenido un importante desvío autoritario y que ha comenzado a funcionar de manera dictatorial”, asegura el coordinador general de la ONG de defensa de los derechos Humanos Provea, Rafael Uzcátegui.
“Esta reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia en donde le quita la inmunidad parlamentaria a los diputados y que por otro lado dice que va a asumir las funciones de este hemiciclo legislativo, lo que hace es ratificar la ausencia de independencia de poderes y la ruptura grave de la institucionalidad democrática en Venezuela”, recalca.
La situación recuerda disolución autoritaria del parlamento en Perú bajo Fujimori.
“Desde PROVEA nosotros venimos haciendo esa comparación con lo que está sucediendo actualmente en Venezuela con lo que pasó en Perú entre los años 90 y 2000 bajo Alberto Fujimori. Y existen muchísimas coincidencias en la manera en que un gobierno llega al poder de manera democrática pero con lo propios mecanismos de la democracia acaba con ella y se transforma en un gobierno de tipo dictatorial”, estima.
En su sentencia, el Tribunal supremo de Venezuela invoca el desacato de la Asamblea Nacional, una situación en la que estaría el parlamento desde enero de 2016 cuando incorporó a tres diputados sospechosos de fraude electoral. ¿Qué tan justificada es esta acusación del tribunal supremo?
“Formalmente, esos tres diputados fueron desincorporados a comienzos de este año 2017, con lo cual ya no habría argumentos legales o formales para continuar calificando a esta Asamblea Nacional de desacato. Creemos que ha sido una argumentación de tipo pseudoformal para poder continuar rectando la actuación independiente de la Asamblea Nacional en Venezuela”, sostiene Rafael Uzcátegui.
Además de retirar la inmunidad de los parlamentarios, y de privar la asamblea de su poder, los jueces del máximo tribunal venezolano facultaron al poder ejecutivo, dirigido por Nicolás Maduro, para crear leyes en materia de hidrocarburos, firmar contratos por ejemplo, sin la aprobación del Congreso como lo exige la ley venezolana.
¿Qué cambiará esto?
“Por un lado aumenta las posibilidades de que las contrataciones con terceros por parte del Estado con inversión extranjera no tenga ningún tipo de contraloría que pueda minimizar las situaciones irregulares o de corrupción que se puedan generar en esa contratación”, alerta.
La crisis política venezolana vive otro capítulo agudo, y el poder chavista, lejos de calmar los ánimos llamó a resistir en las calles a las iniciativas diplomáticas de la Organización de Estados Americanos, que considera como una injerencia extranjera.
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