Una liberación que abre un debate sobre el futuro de los ex senderistas

Maritza Garrido Lecca, condenada por terrorismo, sale de prisión 25 años después. Su puesta en libertad ha provocado la preocupación del gobierno por el regreso de los ex guerrilleros a la vida civil.

Maritza Garrido Lecca, condenada por terrorismo, sale de prisión 25 años después. El 11 de septiembre de 2017 en Lima. Fuente: Reuters.

Por Paula Domíguez para RFI

Maritza Garrido Lecca, quien entrara en prisión la noche del 12 de septiembre de 1992 por pertenecer al Partido Comunista-Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL), ha salido de la cárcel tras cumplir condena. La terrorista fue capturada junto a Abimael Guzmán y Elena Yparraguirre, líder indiscutible y número 2 de la guerrilla, respectivamente. La detención, realizada por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), se produjo en la academia de baile que Garrido dirigía y donde escondió a los dos miembros de Sendero Luminoso.

De clase alta y familia católica, Maritza Garrido se vinculó a principios de los años 80 a grupos radicales de izquierda. Antes de su mediática captura en 1992, la bailarina había sido detenida con anterioridad por pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); otro grupo armado, y posteriormente puesta en libertad sin cargos, según algunos medios peruanos.

Su excarcelación, no exenta de polémica por no haber pagado la reparación civil, genera preocupación en Perú debido al recuerdo de los crímenes cometidos por el grupo terrorista. Entre 1980 y 1992, la guerra contra el Estado dejó cerca de 70.000 muertos y desaparecidos y se saldó con más de 20.000 millones de dólares en daños materiales, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en su informe de 2003. Los secuestros, las extorsiones, los robos y el narcotráfico fueron las principales vías de financiación de Sendero Luminoso, la guerrilla más virulenta en la historia del Perú y una de las más violentas en toda América Latina.

Las reacciones por parte de las autoridades no se han hecho esperar. El fiscal antiterrorista Milko Ruiz ha confirmado la preocupación del gobierno por la liberación de terroristas y el Primer Ministro Fernando Zavala ha asegurado que el Estado vigilará de cerca las actividades de Maritza Garrido así como de otros presos que sean excarcelados. Es el caso de Martha Huatay, condenada también a 25 años de cárcel por pertenecer al Comité Central de Sendero Luminoso y que quedará en libertad el próximo 16 de octubre.

Al margen de esta polémica, es destacable la presencia aun hoy de algunos grupúsculos armados, auto denominados herederos de Sendero Luminoso. Estos, que siguen apostando por la lucha armada y por el narcotráfico, ponen en riesgo la seguridad del país, especialmente en las regiones del Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) y Huallaga. En otra dirección, no armada pero sí política, el Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales (MOVADEF) dirigido por Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, propone la liberación de los presos senderistas.

Analistas como Jerónimo Ríos aseguran que el país debe abordar cuestiones como los cultivos alternativos a la coca en las regiones andinas y selváticas, el empoderamiento local y la descentralización territorial, para evitar una "posible redefinición de facciones narcotraficantes" y así poder pasar página al conflicto que ha golpeado a la sociedad peruana durante 12 años.