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Américas

Paro nacional para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales

media Des manifestants s'opposent à l'annonce du président guatémaltèque Jimmy Morales d'expulser du pays l'enquêteur de l'Onu Ivan Velasquez, qui a demandé la levée de son immunité présidentielle. Reuters/Luis Echeverria

Diversos sectores sociales guatemaltecos participarán en un paro nacional el miércoles para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y la depuración del Congreso, al que señalan de favorecer la corrupción. La poderosa cúpula empresarial no apoya la protesta bautizada 20S.

Sectores sociales, artísticos, campesinos, estudiantiles, mujeres, indígenas y académicos, entre otros, se han sumado al llamado “Paro Nacional 20S” ante la ola de indignación popular provocada por señalamientos contra el mandatario por corrupción y polémicas acciones de congresistas acusados de avalarla.

La protesta se realizará en ausencia del mandatario, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU.

Las manifestaciones de hecho comenzaron este martes con el bloqueo de carreteras en el occidental departamento de Totonicapán por miles de campesinos que exigen la renuncia de sus representantes ante el parlamento.

Sin embargo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en un comunicado afirmó que no se sumará a la protesta y pidió que cualquier manifestación pública se haga de forma pacífica y dentro del marco legal.

Además, el Cacif se sumó al llamado de las iglesias católica y evangélica para abrir un diálogo entre distintos sectores de la sociedad “para plantear cambios que son necesarios”.

La Cámara de Industria, a su vez, fue más lejos al llamar a no apoyar la medida pues “necesitamos una Guatemala próspera y no paralizada” y pidió a las autoridades resguardar la propiedad privada.

“No se deben paralizar las actividades del país, ahora es cuando Guatemala nos necesita unidos, respetando y fortaleciendo el Estado de derecho, produciendo, motivando las inversiones y creando empleos”, agrega.

Gobierno fisurado

La crisis comenzó el 25 de agosto cuando la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) --un ente adscrito a la ONU-- pidió levantar la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente por supuestas irregularidades en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015.

Dos días después, el mandatario expulsó al jefe de la comisión de la ONU, el exjuez colombiano Iván Velásquez, al declararlo non grato. Pero la medida fue suspendida por la corte constitucional.

La medida de Morales llevó a la renuncia este martes de los ministros de Finanzas, Trabajo y Gobernación (Interior). Tras el intento de expulsión, ya había dimitido la cúpula de la cartera de Salud encabeza por la activista Lucrecia Hernández Mack.

“Hace tres semanas, inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos (...). Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia”, señalaron en un comunicado conjunto Julio Estrada, ministro saliente de Finanzas; Leticia Teleguario, de Trabajo; y Francisco Rivas, de Gobernación (Interior).

Una semana después del intento de expulsar a Velásquez, una nueva ola de críticas surgió al salir a la luz el pago de unos 60.000 dólares que recibió el jefe de Estado producto de un “bono extraordinario” otorgado por el ejército.

Sin embargo, la atención ciudadana se trasladó al Congreso cuando el 11 de septiembre los diputados rechazaron levantar los fueros a Morales, evitando así que el gobernante fuera investigado penalmente.

Este martes los jefes de bloques de los distintos partidos acordaron que en la sesión plenaria del próximo jueves será nuevamente reactivado el proceso para levantar los fueros al mandatario.

Para la bancada oficial, esa es una maniobra política que busca “lavar la cara” a los congresistas por la crisis y sacrificar al presidente.

No obstante, para quitar la inmunidad se necesitan 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso.

Dos días después los congresistas aprobaron polémicas reformas al Código Penal, que buscaban blindar a los líderes políticos de posibles acusaciones por financiamiento ilegal.

Además, las modificaciones permitían que delitos penados con hasta 10 años de prisión puedan ser excarcelables mediante fianza, cuando la norma original solo permite este beneficio para delitos sancionados con hasta 5 años de cárcel.

Ante las protestas de la población que denunció esas decisiones como un “pacto de corruptos”, los diputados retiraron el viernes pasado las dos polémicas reformas y fueron archivadas.

 
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