El presidente de Nicaragua Daniel Ortega acepta iniciar el diálogo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aceptó el viernes las condiciones previas al diálogo, propuestas por la Conferencia episcopal CEN, tras las manifestaciones anti gubernamentales que dejaron 49 muertos. El fin de la represión de los manifestantes y que la Comisión Interamericana de derechos del hombre sea autorizada a investigar sobre las circunstancias de la muerte de las 49 víctimas.
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Los clérigos instaron a Ortega a dar "signos creíbles de su voluntad de diálogo" y le demandaron eliminar "los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan coaccionan y agreden a los ciudadanos".
Un llamado de los obispos que se produjo luego de que estudiantes, empresarios y sociedad civil se declararon "listos para el diálogo" pese a un ambiente de elevada animosidad contra el gobierno tras el ataque el viernes de supuestas fuerzas de choque afines al oficialismo a dos recintos universitarios, donde estudiantes se atrincheraron.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación en torno a la situación en Nicaragua y pidiendo a las autoridades se le permita ingresar al país para "recopilar de primera mano información acerca de los incidentes suscitados a raíz de las manifestaciones", así lo expresó su portavoz, Ravina Shamdasani.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó "profunda preocupación" por la actual crisis en Nicaragua condenando los actos de violencia y pidiendo que se lleve ante la justicia a los culpables de muertes, abusos y violaciones a los derechos humanos. Instando al gobierno a crear "las condiciones necesarias para un diálogo creíble, incluida la cesación de toda violencia".
La CIDH solicitó nuevamente al Estado su anuencia para realizar una visita al país y observar en el terreno la situación de los derechos humanos. El gobierno ya había rechazado una solicitud anterior.
A las presiones contra el gobernante, de 72 años, se sumó el pedido esta semana de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que instaron al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin y al Secretario de Estado Mike Pompeo a sancionar al gobierno de Nicaragua por graves abusos contra los derechos humanos.
Las protestas estallaron el pasado 18 de abril contra una reforma del sistema de pensiones, pero se multiplicaron generalizándose en todo el país, poniendo de relieve la disconformidad de los nicaragüenses con el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, a quienes reclaman libertad y la democratización del país.
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