Persiste la violencia en Nicaragua
Una nueva jornada de disturbios el sábado dejó un estudiante muerto y una radioemisora oficialista dañada, mientras que los nicaragüenses esperan el reinicio del diálogo que ponga fin a la turbulencia política que se arrastra desde hace casi dos meses.
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Con AFP
Un ataque armado contra una barricada de acceso a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en la capital, la noche del jueves, cobró la vida del estudiante Chester Chavarría, 19 años, confirmó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que elevó a 137 el saldo de muertos en las protestas.
Horas después, la madrugada del viernes, las instalaciones de la estatal Radio Nicaragua fueron quemadas parcialmente. El gobierno responsabilizó en su sitio web del ataque a un "grupo delincuencial organizado y pagado por la derecha".
Las protestas estallaron el pasado 18 de abril y se han devenido en una álgida crisis social.
El jueves, el presidente Daniel Ortega se reunió con los obispos católicos, quienes le presentaron una propuesta para la democratización del país -de la cual no revelaron detalles-, y le pidieron responder "lo más pronto posible" para decidir si vuelven a convocar el diálogo nacional, en el que sirven de mediadores.
Por su parte, la oposición ha propuesto adelantar las elecciones previstas para 2021 y la salida del gobierno de Ortega, quien llegó al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016 en cuestionados procesos electorales.
Diálogo en suspenso
Los obispos habían anunciado el 31 de mayo que no reanudarían el diálogo entre el gobierno y la oposición, representada en una alianza de estudiantes, empresarios y sociedad civil, mientras no cesara la represión.
Aunque la represión y las protestas continúan, los obispos intentan reactivar la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, que se agravó esta semana con cierres de vías y barricadas que los manifestantes construyen para defenderse de los ataques de la policía y de los grupos de choque afines al gobierno.
Estados Unidos se sumó el jueves a las condenas internacionales contra Ortega. El Departamento de Estado impuso restricciones para otorgar visas a oficiales de policía y funcionarios municipales, entre otros, a quienes considera responsables de abusos contra los derechos humanos y la democracia durante las protestas.
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