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Noticias de América

Ecuador: el fallo contra Chevron, primera victoria de varias batallas

Primera modificación:

En Ecuador, tras un proceso de 25 años y agotar todas las instancias judiciales, la Corte Constitucional condenó este miércoles a la petrolera estadounidense Chevron a pagar 9.500 millones de dólares a los pobladores de la Amazonía ecuatoriana por daños ambientales.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes. RODRIGO BUENDIA / AFP
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Chevron fue sentenciada por perjuicios que se le atribuyen a Texaco -firma que adquirió en 2001- en la selva ecuatoriana durante sus operaciones entre 1964 y 1990.

"Es el caso más importante para los pueblos indígenas y campesinos. Por 25 años, hemos luchado y ahora estamos derrotando el sistema de impunidad corporativa global. Esas empresas transnacionales que cometen crímenes en cualquier parte del mundo y jamás quieren responder por esos crímenes", comenta en entrevista a RFI Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.

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La condena fue rechazada por Chevron. En un comunicado, el asesor de comunicación de la petrolera, James Craig, afirmó que la sentencia representa una “denegación de justicia, fraude y corrupción contra la empresa en Ecuador".

Chevron endosa la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio, y se rehúsa a pagar la indemnización alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.

Ahora el problema de los demandantes para poder cobrar es justamente que Chevron no posee activos para pagar en Ecuador. Por eso, la querella trata de homologar, sin éxito, la sentencia en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá.

"Efectivamente es una gran batalla. Vamos a seguir con el intento de homologar la sentencia en otros países y por eso estamos pidiendo cooperación internacional para pagar 350 mil dólares que nos ha impuesto la corte canadiense como costo judicial y que ha sido nuestro principal obstáculo en ese país", explica el abogado Pablo Fajardo.

Los demandantes ecuatorianos aseguran que el derrame de miles de millones de desechos tóxicos derivados de la explotación petrolera contaminaron suelos y fuentes de agua, han afectado a unas 30.000 personas.
 

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