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ARGENTINA

¿“Lava Jato” a la argentina?

La investigación surgida de los “cuadernos de la corrupción” avanza vertiginosamente. Más allá del kirchnerismo, es un verdadero terremoto que sacude a la clase política y empresarial del país. 

La ex pareja presidencial Kirchner, el 18 de junio de 2008.
La ex pareja presidencial Kirchner, el 18 de junio de 2008. REUTERS/Marcos Brindicci
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Por nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet.

“El Malo”: así llamaba a Néstor Kirchner su ministro de mayor confianza, hoy tras las rejas, Julio De Vido. El dato, anecdótico pero revelador, lo aportó Claudio Uberti, el primer exfuncionario kirchnerista que pidió declarar ante la Justicia como imputado colaborador en la causa surgida de los “cuadernos de la corrupción”, en los que un exchofer del que fuera la mano derecha de De Vido reseñó los transportes de dinero negro que realizó entre marzo de 2005 y diciembre de 2015. En una sabrosa confesión Uberti justificó plenamente el apodo de Néstor Kirchner: según su relato el expresidente le pegó en más de una oportunidad, a veces sin motivo aparente. También describió la furia de Kirchner en una ocasión, cuando le trajo un bolso con pesos en vez de dólares: lo pateó con tanta fuerza que los billetes terminaron volando en el despacho presidencial. A todas luces, trabajar con el expresidente fue un suplicio para Uberti pero, agregó, fue mucho peor la relación con Cristina Fernández de Kirchner.

Hasta aquí, la anécdota. Lo más importante es que Uberti se autoincriminó como uno de los integrantes del sistema de corrupción que funcionó durante los gobiernos kirchneristas. Buscado por la Justicia desde días, se presentó espontáneamente en los tribunales de Comodoro Py, cerca del puerto de Buenos Aires, el lunes 13 de agosto, horas después de que Cristina Kirchner se negara a declarar ante el juez Claudio Bonadio, que lleva la causa junto al fiscal Carlos Stornelli. Los testigos describen un hombre nervioso, que dijo temer por su vida. Frente al fiscal, en una larga confesión no exenta de resentimiento explicó que, mientras estuvo en funciones como director del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi), entre 2003 y 2007, era el encargado de recaudar los sobornos de las empresas concesionarias de las autopistas y carreteras con peaje. “Tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de ellas”, declaró. Los bolsos y las maletas con el dinero, los entregaba personalmente a Néstor Kirchner en su despacho de la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo, en la residencia presidencial de Olivos, al norte de la Capital Federal, o en el domicilio de los Kirchner, en el coqueto barrio porteño de Recoleta. En más de una oportunidad, agregó, Cristina Fernández presenció la entrega de los bolsos.

Uberti tuvo que dejar su cargo a fines de 2007, por su vinculación con el escándalo conocido como el de “la valija de Antonini Wilson”, en referencia a un empresario venezolano que intentó ingresar ilegalmente 800.000 dólares. En ese entonces el director del Occovi dirigía también una suerte de embajada paralela en Caracas, de acuerdo a varios testimonios, entre ellos el del diplomático que estaba a cargo de la representación oficial de la Argentina en Venezuela. Desde allí, manejaba negocios oscuros entre los dos países, como lo reconoció implícitamente hace unos días ante la Justicia Luis Betnaza, directivo del grupo Techint, quien afirmó que Uberti y De Vido le habían pedido 300.000 dólares cuando el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó su filial Sidor. Agreguemos que se sospecha que Uberti tuvo un rol importante en el circuito clandestino del dinero que Chávez enviaba a los Kirchner.

Tras aquel escándalo, no solo fue separado del Gobierno, sino que fue abandonado por sus jefes y aquellos con los que había trabajado. “De un día para el otro me dejaron solo”, dijo. Algo que debe haber pesado a la hora de decidirse a confesar. Como también debe haber pesado la declaración de Cristina Fernández de Kirchner el lunes pasado, después de presentar un escrito ante el juez Bonadio, según la cual Uberti era “un funcionario de cuarta”. Por sus aportes a la causa fue admitido como imputado colaborador. Un “arrepentido” más, que se encuentra hoy bajo custodia en un lugar desconocido. Importante en la medida que afirma que Cristina Kirchner estaba informada de los sobornos, el testimonio de Uberti lo es también porque abre, con el universo de las empresas viales, una nueva pista de investigación sobre la corrupción de la era K. Hasta esta declaración, las empresas señaladas eran todas constructoras presentes en el sector de la energía. Eso, porque Oscar Centeno, el redactor de los famosos cuadernos que permitieron iniciar la investigación judicial luego de su publicación por el diario La Nación el 1° de agosto, trabajaba para otro “recaudador”, a cargo de recibir las coimas de dichas empresas, Roberto Baratta, exsecretario de Coordinación y mano derecha del entonces ministro de Planificación Julio De Vido.

En un primer tiempo, muchos de los empresarios nombrados en los cuadernos, todos representantes de grupos de primer nivel, se presentaron espontáneamente ante la Justicia. Reconocieron pagos ilegales, sí, pero generalmente como contribución a las campañas electorales del kirchnerismo, eventualmente bajo presión, si no extorsión del Gobierno. El objetivo parecía ser evitar la prisión, a la que fueron enviados los exfuncionarios (y algunos empresarios) que negaron los hechos o no quisieron declarar. Pese a la endeblez de sus defensas (los cuadernos consignan también pagos en años no electorales), estos arrepentidos a medias pensaban estar tranquilos. Ya no lo pueden estar desde que declaró Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

En una extensa y estructurada confesión, Wagner, que encabezó la Cámara durante la era K, reveló el 10 de agosto la existencia de un plan de coimas y sobreprecios ideado por el mismo Néstor Kirchner que funcionó bajo su gobierno y el de su esposa. Según él, todas las licitaciones del sector eran ficticias. Con la anuencia de Kirchner, los representantes de las principales constructoras se reunían para decidir quién se quedaría con la obra licitada y a qué precio. Una vez firmado el contrato, la empresa beneficiaria devolvía a la Presidencia, en efectivo y en dólares, lo percibido como “adelanto de obra”, entre 10% y 20% del monto total acordado en la licitación. Tan sencillo como eso. Este testimonio, “importantísimo para la causa” de acuerdo a una fuente judicial, le permitió a Wagner ser considerado imputado colaborador y quedar libre. De más está decir que pone en dificultad a los empresarios que solo reconocieron aportes electorales. De hecho, el juez Bonadio pidió la detención de uno de ellos, llamó a varios a declarar, y no tardará en solicitar que otros amplíen sus declaraciones, so pena de correr la misma suerte.

Entre las empresas señaladas están todas las grandes constructoras del país: la ya mencionada Techint, la única verdadera multinacional argentina, el Grupo Roggio, Corporación América, de Eduardo Eurnekian y también Iecsa, empresa controlada durante el kirchnerismo por Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri. Calcaterra, ya desligado de Iecsa, fue uno de los primeros en presentarse en Comodoro Py para reconocer aportes ilegales supuestamente vinculados a campañas políticas. Pero, más allá de lo que tenga que declarar en la causa sobre el alcance de los pagos realizados por Iecsa, Calcaterra es mencionado en el Lava Jato: la Justicia brasileña tendría pruebas según las cuales su empresa habría sido el canal privilegiado por el que transitaron las coimas pagadas por Odebrecht en la Argentina. Las mismas ya habrían sido transmitidas a Buenos Aires. Iecsa y Odebrecht estuvieron asociadas en una mega obra en la Capital Federal que nunca se realizó y para la cual la constructora brasileña había conseguido financiamiento público en su país.

Así, la investigación en curso permite relanzar otras causas: la del circuito argentino de las coimas de Odebrecht, pero también varias en las que Cristina Kirchner ya está imputada por corrupción. Por otra parte se esperan nuevas revelaciones gracias a las declaraciones, el viernes 17 de agosto, de dos hombres cuya participación en el sistema de corrupción K habría sido clave. Uno de ellos es José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas de De Vido. Detenido desde 2016, después de haber intentado esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento, López, que hasta ahora no había hablado, pidió, en un giro inesperado, declarar como arrepentido, lo que le fue acordado. El otro es el financista Ernesto Clarens, vinculado a los Kirchner desde que Néstor era gobernador de la provincia de Santa Cruz. También aceptado como arrepentido, Clarens explicó su rol para hacer transitar el dinero ilegal y blanquear parte de los sobornos. Día tras día y vertiginosamente se suman más informaciones a la investigación, muchas de ellas aún no procesadas por la Justicia. Y crece el número de imputados y detenidos.

La investigación surgida de los cuadernos desencadenó un verdadero terremoto que sacude la clase política y empresarial argentina. Por las ramificaciones de la causa. Pero más aún porque se devela un sistema de corrupción que, si bien llegó a su máxima expresión con los Kirchner (según investigadores del Conicet, las coimas vinculadas a la obra pública entre 2003 y 2015 alcanzarían 36.000 millones de dólares), existió con otros gobiernos y podría seguir funcionando hoy en distritos dirigidos por otras fuerzas políticas. La connivencia corrupta entre gobernantes y empresarios (pero también sindicalistas) es sospechada de larga data en el país. ¿Habrá comenzado el Lava Jato argentino? Quienes lo conocen y lo han visto en estos días dicen que la ambición del juez Claudio Bonadio es emular a su colega brasileño Sérgio Moro. Veremos. En todo caso, con lo ocurrido hasta ahora, que la senadora Cristina Kirchner siga protegida por sus fueros parlamentarios es casi un dato menor.

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