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Américas

Washington endurece su retórica contra la Corte Penal Internacional

media El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. REUTERS/Denis Balibouse

Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal toma acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán.

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, lanzó este lunes una dura advertencia contra la CPI.

"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", sostuvo.

"Haremos lo mismo con cualquier compañía o estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses", dijo ante la Federalist Society, una organización conservadora en Washington.

Lea también: El discreto sistema conservador que conquistó la Corte Suprema de EEUU

Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad de ser "ineficaz", "irresponsable" y "francamente peligrosa" para "Estados Unidos, Israel y otros aliados".

Bolton también condenó las acciones de la corte desde que comenzó a actuar formalmente en 2002, y argumentó que la mayoría de las principales naciones no se habían unido a ella.

Dijo que había pronunciado solo ocho condenas a pesar de gastar más de 1.500 millones de dólares en su labor, y señaló que no había contenido las atrocidades cometidas en todo el mundo.

"De hecho, a pesar de las investigaciones en curso de la CPI, las atrocidades continúan ocurriendo en República Democrática del Congo, Sudán, Libia, Siria y muchas otras naciones", subrayó.

El histórico recelo estadounidense hacia la CPI

Estados Unidos reitera de este modo su oposición a la CPI, que se rige por el Estatuto de Roma, ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso Afganistán.

A inicios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda había anunciado que pediría a los jueces la autorización de abrir una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadounidense.

Las relaciones entre Washington y la Corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.

Estados Unidos estima que los “controles y contrapesos de la autoridad del fiscal y jueces de la CPI son insuficientes” y que no garantizan una “protección contra juicios politizados y otros abusos”, según el Departamento de Estado.

El presidente Bill Clinton firmó en 2000 el Estatuto de Roma, pero su país no lo ratificó. Dos años más tarde, su sucesor George W. Bush anunció que retiraba su firma.

En Estados Unidos, los principales opositores a que el país integre la CPI se encuentran los sectores conservadores, que hacen valer argumentos de soberanía y anticonstitucionalidad, indicando que el tribunal internacional podría juzgar a estadounidenses por crímenes cometidos en suelo norteamericano.

Otras potencias también se niegan a reconocer la legitimidad de la Corte Penal Internacional. Entre estas 60 naciones que rechazan la jurisdicción de la CPI o se han retirado de ésta figuran Rusia, China, India, Indonesia e Israel.

 
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