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Américas

Autoridades ocultaron información sobre secuestro de periodistas en Colombia

media Ciudadanos ecuatorianos, secuestrados por El Guacho (disidente de las FARC), dirigiéndose al presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Captura de pantalla.

Las autoridades de ambos países ocultaron información crucial del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra en Colombia, según divulgó un equipo internacional de periodistas que investigó el caso.

“Falta de transparencia tanto de Ecuador como de Colombia. A ambos lados de la Frontera.”  A esa conclusión llegó el equipo internacional de periodistas que durante varios meses investigó la muerte de sus dos colegas ecuatorianos y el conductor del diario El Comercio, secuestrados y asesinados por un grupo de disidentes de las FARC dedicados al narcotráfico y otras actividades delictivas en la frontera colombo ecuatoriana.

El equipo resalta que ha habido omisión de información crucial, inacción de la justicia y desamparo a los familiares por parte de las autoridades de ambos países en su respuesta al secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra.

El informe publicado este miércoles 24 de octubre es fruto del trabajo de una veintena de periodistas de varios países realizado ante las contradicciones, vacíos y preguntas sin respuesta de los reportes de los dos gobiernos sobre el cautiverio de los reporteros y el chofer y las fallidas negociaciones para salvar sus vidas.

La Fiscalía colombiana aún no ha podido acceder a toda la información sobre las operaciones militares llevadas a cabo entre el secuestro y su posterior asesinato. La Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH) tampoco ha tenido acceso a toda la información y en Ecuador no se ha abierto un solo proceso por el delito del secuestro” precisa en entrevista con Radio Francia Internacional Nathan JACCARD, editor para América Latina de " Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)", una de las organizaciones autoras del informe.

Omisiones

Uno de los más importantes hallazgos de esta pesquisa es la omisión de información crucial por parte de las autoridades involucradas en este hecho. El 26 de marzo del año pasado, El Frente Oliver Sinisterra se atribuyó la responsabilidad del secuestro de los tres ecuatorianos a través de un canal de secreto de WhatsApp que mantenían el líder del grupo, alias El Guacho, y el mayor de la Policía de Ecuador, Alejandro Zaldumbide. Un canal sobre el que, justamente, tenía conocimiento uno de los periodistas asesinados, Javier Ortega.

Aunque el mayor Zaldumbide reveló posteriormente el contenido de algunos de esos chats, causando un verdadero choque entre los ecuatorianos, el grupo de investigación logró determinar que el grupo delincuencial había amenazado a través de sus mensajes con cometer ataques a la población civil y que esta información no fue compartida por el mayor de la Policía.

“Nunca se compartió esa información, no se tomaron las precauciones debidas. El ministro del Interior ecuatoriano asegura que no tuvo conocimiento de ello”, afirma Nathan Jaccard de OCCRP y agrega que además de la omisión de esta información clave hubo un manejo irresponsable y deficiente de la relación con el líder del grupo delincuencial, alias El Guacho, que le permitió amenazar y poner contra la pared a las autoridades ecuatorianas en el caso de secuestro de los tres periodistas ecuatorianos.

Contradicciones al más alto nivel

En sus pesquisas, el equipo de investigación también encontró que dos días después del secuestro el diario colombiano El Tiempo publicó la noticia de la liberación en curso de los tres ecuatorianos del diario El Comercio.

“La fuente que reveló esta información fue el propio ministro de defensa colombiano de ese momento Luis Carlos Villegas. También establecimos que el gobierno ecuatoriano alcanzó a movilizar a un fiscal hacia una zona de la frontera para recibir a los periodistas” relata Jaccard quien lamenta que este tema nunca se aclaró: “Las autoridades de los dos países han guardado silencio dejando sin respuesta  a familiares y colegas cuando todos sabemos que en esos momentos pasaba algo y, finalmente, pasaron tres meses antes de que supiéramos que los periodistas habían sido asesinados”.

Militarización de la Frontera

Otra de las situaciones que lamenta el equipo de periodistas de investigación sobre el caso es la  fuerte represión militar de parte de los dos países  su zona fronteriza.  Los atropellos a la población civil, las incursiones militares  en las comunidades, la reanudación de las labores de erradicación forzosa. Por parte de las autoridades ecuatorianas se están llevando gente inocente que no tiene nada que ver y los están judicializando.  

El 7 de enero pasado la Defensoría del Pueblo emitió la última “alerta temprana” ante la “grave situación de riesgo” en Tumaco por “la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales”. Advirtió que era necesario proteger a unas 20.000 personas, 5.000 en cuatro barrios de la zona urbana (Comuna Uno, Tres, Cuatro y Cinco) y unos 15.000 ubicados en territorios colectivos de consejos comunitarios de Bajo Mira y Frontera, Alto Mira y Frontera, Imbilpí del Carmen y La Nupa, así como cuatro resguardos de los indígenas awá.

Pero ‘Guacho’ y sus hombres  el “brazo armado” del Cartel de Sinaloa, según la Fiscalía colombiana  no son la única amenaza ni Tumaco es la única región en problemas. Desde que las FARC suscribieron el Acuerdo de Paz con el gobierno y dejaron las armas, facciones de disidentes y desertores, así como grupos delicuenciales, coparon los espacios dejados por la exguerrilla en zonas como el sur del Meta y Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Putumayo, Nariño, norte del Cauca y zonas de Antioquia. El último informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que según los cálculos más conservadores las disidencias sumarían unos 500 hombres, pero sus estimaciones están entre 1.200 y 1.400.

Y no solo se trata de grupos ex-FARC. Solo en la costa del Pacífico nariñense, la Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 12 grupos ilegales, entre disidentes, bandas criminales, grupos de origen paramilitar, narcotraficantes y el ELN, que se disputan el control territorial y las economías ilegales en la región, incluyendo el cultivo de hoja de coca y la producción y comercialización de cocaína.

De ahí que suene desproporcionado que dos Estados con un importante contingente militar apunten todo su poderío sólo al grupo de ‘Guacho’, quien en la única entrevista que se conoce admitió haber sido parte de las FARC por diez años, dijo que operaba en la zona de frontera y que estuvo cuatro meses concentrado en zona veredal de El Playón, pero que se salió porque vio “desigualdad” en los beneficios del Acuerdo de Paz.

Entrevistado:

Nathan JACCARD, editor para América  latina de " Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)",  organización dedicada al periodismo de investigación, y uno de los 20 periodistas de diferentes  países  encargados de investigación sobre la muerte de sus tres colegas ecuatorianos.

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