Estados Unidos decreta sanciones contra vicepresidenta Rosario Murillo
Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega con sanciones económicas contra la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y el asesor de seguridad nacional Néstor Moncada. Managua denunció ‘prácticas imperialistas’ de Washington.
Primera modificación:
Todos los bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos de Murillo y Moncada serán bloqueados. Las sanciones también impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos.
Esto va a tener un “impacto significativo” porque las instituciones financieras de todo el mundo prestan “mucha atención a las sanciones” de Estados Unidos, dijo una alta funcionaria del gobierno Trump bajo anonimato.
El fin de estas medias es castigar a las autoridades nicaragüenses por su violenta respuesta a las protestas opositoras, entre ellos abusos a los derechos humanos, pero también actos de corrupción.
La Casa Blanca reiteró su llamado a elecciones “libres, justas y anticipadas” en Nicaragua. También advirtió que continuará presionando a Managua utilizando todas las medidas diplomáticas y económicas a su disposición.
El gobierno de Ortega, por su parte, tildó de “irrespetuosas, falsas e ilegítimas todas las acusaciones”. Esto ratifica “las prácticas imperialistas y la política intervencionista de Estados Unidos”, agregó Managua.
El asesor en seguridad de Trump, Jhon Bolton, había prometido a comienzos de mes “acciones directas” contra lo que denominó “la troika de la tiranía”: Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto firmado el mismo martes por el presidente Donald Trump, que permite castigar a autoridades nicaragüenses por abusos de derechos humanos y actos de corrupción cometidos desde el inicio de las protestas opositoras en Nicaragua hace siete meses.
Ortega, cuyo partido controla el aparato estatal, ha rechazado reanudar el diálogo con la oposición o adelantar los comicios del 2021 al 2019.
Según el Tesoro, Murillo, vicepresidenta desde 2017, pero "co-presidente de facto" desde 2007, ha estado marcada por distintos actos de corrupción y tiene influencia sobre dos grupos muy involucrados con la violenta represión de las protestas: el movimiento juvenil del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Policía Nacional.
Moncada, en tanto, es señalado de actuar como agente de inteligencia gubernamental. Además, se lo acusa de pagar sobornos y chantajes para obtener apoyo para el gobierno y de contribuir a "encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor".
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