La justicia frena el cierre de la CICIG en Guatemala
La Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, suspendió este miércoles la orden del presidente Jimmy Morales de cerrar unilateralmente la misión anticorrupción de la ONU, que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.
Primera modificación:
La decisión tomada el lunes por el gobierno guatemalteco de cerrar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ocurrió luego de que se intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, desató una batalla judicial y exacerbó las tensiones políticas en el país.
Al enterarse de esta decisión, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres la había rechazado y había asegurado que la CICIG seguiría trabajando hasta el fin de su mandato: "El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo", aseguró el jefe de la ONU.
Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional a ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el cierre de la CICIG, según la resolución divulgada a la prensa.
Al aceptar los recursos legales, quedó "en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala" relativo al establecimiento de la CICIG, indica el fallo.
El gobierno respondió en un escueto comunicado en el que aclaró que hará un pronunciamiento oficial después de analizar la resolución.
Horas después de dar a conocer el fallo, la Corte Suprema de Justicia aceptó tramitar el proceso para revocar la inmunidad a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que avalaron la permanencia de la CICIG al considerar que ese tribunal "se excedió en sus funciones" en otro caso (la denuncia contra los magistrados responde a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de frenar la salida del embajador de Suecia, Andrés Kompass).
Ahora el expediente será remitido al Congreso, donde el equilibrio de fuerzas es favorable a Morales, para una votación sobre el retiro de la inmunidad de los magistrados. Si pierden los fueros, los jueces serán objeto de una investigación.
Morales ha mostrado hostilidad hacia la CICIG desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero. La situación se agravó en 2017, cuando el presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.
Con AFP
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