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Guatemala: nuevo paso en la escalada de la crisis de la CICIG

Guatemala: nuevo paso en la escalada de la crisis de la CICIG
 
Jimmy Morales anunciando su decisión de cerrar la CICIG, el pasado 7 de enero de 2019 en Ciudad de Guatemala. REUTERS/ Luis Echeverria

Tras decidir de terminar de manera anticipada la misión internacional de la ONU contra la corrupción en Guatemala (CICIG), el presidente Jimmy Morales sufrió un duro revés puesto que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la medida.

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A las puertas de la convocatoria para las elecciones generales, el próximo 18 de enero, Guatemala se vio sacudida por la intención de Morales de poner fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), medida frenada por un fallo judicial. Un duro golpe para el presidente pero aún nadie ni nada asegura que el fallo de la Corte de Constitucionalidad sea respetado.

Según Álvaro Montenegro, dirigente de la plataforma civil ¡Justicia Ya!, “fue una resolución muy importante porque le puso un freno a las ilegalidades del presidente Jimmy Morales que viene cometiendo desde hace más de un año con tal de frenar los casos contra la corrupción”.

La decisión unilateral de Morales ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador de la CICIG colombiano Yinel Osorio, finalmente admitido bajo el amparo de una orden de la misma Corte.

Para la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), las últimas acciones del gobierno son un golpe a la institucionalidad, explica Jimena Reyes, su portavoz: “Es un golpe a la institucionalidad democrática, es un golpe a la relación que tiene Guatemala dentro de la comunidad internacional y al respeto que se le debe a los acuerdos con Naciones Unidas. Esperamos que el gobierno respete el posicionamiento de la Corte de Constitucionalidad”.

Jimmy Morales le negó además el ingreso al país al jefe de la CICIG, el exjuez colombiano Iván Velásquez. El gobernante desde agosto de 2017 fue acusado por la CICIG de corrupción electoral en las elecciones de 2015, provocando un fuerte distanciamiento con la comisión internacional.

Entrevistados: Álvaro Montenegro, dirigente de la plataforma civil ¡Justicia Ya!, y Jimena Reyes, portavoz de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

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