Dieciséis estados demandan al gobierno por la declaración de emergencia de Trump

Una coalición de 16 estados liderada por California lanzó una batalla legal contra Donald Trump. El lunes 18 de febrero en San Francisco, presentó una acción legal contra la decisión presidencial de declarar el estado de emergencia nacional para liberar fondos para construir un muro anti-inmigrante a lo largo de la frontera mexicana.

Migrantes del lado mexicano sale de un río hacia las obras del nuevo mureo entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez en México, el 5 de febrero de 2019. REUTERS/Jose Luis Gonzalezz

Con el corresponsal de RFI en San Francisco, Eric de Salve

Es la muy liberal California, un autoproclamado bastión de resistencia a Donald Trump, la que lidera la rebelión contra su declaración de emergencia nacional. La demanda fue presentada el lunes 18 de febrero en un tribunal federal de San Francisco con otros 15 estados demócratas.

Además de California, los estados demandantes son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia.

La querella había sido previamente anunciada por Xavier Becerra, el fiscal general de California, quien afirmó que su estado y otros tenían bases legales para presentarla porque podían perder dinero destinado a proyectos militares, asistencia en caso de desastres y demás propósitos.

El Fiscal acusó a Donald Trump de usurpar descaradamente la autoridad del Congreso y de inventar una falsa crisis migratoria para obtener los siete u ocho mil millones de dólares que se necesitan para financiar este muro anti-migrante, su principal promesa de campaña.

Sin embargo, estos miles de millones que el presidente no ha logrado obtener del Congreso se tomarán del presupuesto del ejército, pero también de un fondo dedicado a la ayuda en caso de desastres naturales y otro dedicado a la lucha contra las drogas, dos temas particularmente importantes en California. Este desvío en la utilización originalmente prevista para los fondos, por lo tanto, constituye una pérdida para el contribuyente e incluso un robo, según las autoridades californianas.

Es sobre esta base que el Procurador General impugna legalmente la medida. California también afirma que existe el riesgo de violar la Ley de Protección Ambiental debido al impacto ambiental del muro, que no ha sido evaluado. El enfoque judicial de estos 16 estados se suma al del Congreso, donde los demócratas han prometido hacer todo lo posible para que sea más difícil liberar estos fondos para un muro considerado inmoral e inútil por la oposición.