Guatemala podría aprobar nueva ley de amnistía a pesar de múltiples rechazos

A pesar del rechazo de la ONU, de la Corte interamericana de Derechos Humanos, de Estados Unidos y de las organizaciones de víctimas de la guerra civil, los sectores oficialistas de Guatemala impulsaron una amnistía por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Un conflicto que dejó al menos 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, la mayoría por acciones del ejército de Guatemala.

Un hombre levanta un cartel pidiendo justicia por genocidio en Guatemala, mayo de 2008. Flickr/Surizar

>> Haga clic en la imagen para escuchar el informe completo.

Con la iniciativa de ley 5377 que reforma la Ley de Reconciliación Nacional, cerca de 70 militares guatemaltecos condenados por delitos graves podrían ser liberados.

El diputado conservador Fernando Linares Beltranena es el impulsor de este proyecto de ley, estima que los militares condenados por delitos de tortura o desapariciones forzadas deben beneficiarse de una amnistía: “En el año 1996, se acordó una amnistía entre las dos partes que lucharon en el enfrentamiento armado, tanto para los terroristas, como para el Estado de Guatemala. Fue una concesión para el cese el fuego. Cuatro delitos fueron excluidos: el delito de genocidio, que ya existía en nuestra legislación. Pero la tortura, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad no podían aplicarse a los hechos de los 70, 80 y 90 porque no existían en nuestra explicación. Del 96 a la fecha se han aplicado eso tres delitos violándose el derecho humano de no retroactividad de la ley”, comenta.

“A mí no me importa que salgan de la cárcel 60, 70 personas si están ilegalmente detenidas porque hubo una amnistía”, añade el diputado.

Sobre la posibilidad de que la reforma de la ley lleve a la anulación de las indemnizaciones a las víctimas, el diputado Linares admite que, aunque no sea automático, “podría accionarse en los tribunales que, si todas las condenas son nulas, las indemnizaciones o resarcimientos también son nulos y son un enriquecimiento indebido”.

La ley de amnistía prevé la liberación casi inmediata, en 24 horas de varios militares condenados. Un “grave retroceso para el sistema de justicia guatemalteco” advirtieron expertos de Naciones Unidas.

“La gran mayoría de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos son ex oficiales del ejército de Guatemala”, observa Héctor Reyes, abogado de la ONG Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que defiende a víctimas civiles del conflicto armado.

Reyes denuncia un pacto de impunidad hecho a la medida para los generales retirados: “Definitivamente el Congreso y el ejecutivo están en contubernio para colaborar a que estos militares obtengan libertad. Acordémonos que el presidente actual fue propuesto por un partido político de militares”, lamenta.

En un juicio histórico, las víctimas del conflicto armado lograron obtener la condena en primera instancia al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio en 2013. Condena que fue anulada por una argucia jurídica.

Por otra parte, en 2016, dos ex oficiales del ejército guatemalteco fueron condenados por violencia sexual y trato humillante a mujeres indígenas en el Alta Verapaz durante el conflicto armado. Un camino lento hacia el reconocimiento y la reparación que la nueva ley de amnistía podría interrumpir brutalmente.

Entrevistados: Fernando Linares Beltranena, diputado por el PAN (conservador), y Héctor Reyes, abogado de la ONG Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).