Las demandas de los inversores extranjeros le cuestan muy caro a América Latina

La inversión extranjera, en particular la proveniente de empresas privadas, no siempre acarrea los beneficios que de ella se espera. Más de la mitad de los Estados de América Latina han sido demandados por esas empresas y deberían desembolsar cerca de 22 000 millones de dólares.

Número de demandas de inversores extranjeros contra Estados de América Latina y el Caribe 1996-2018 Transnational Institut (TNI)

La inversión extranjera, en particular la proveniente de empresas privadas, no siempre acarrea los beneficios que de ella se espera. Amparadas en los llamados "Tratados de protección de inversiones" (TBIs) firmados entre Estados de América Latina y países como Estados Unidos, Canadá, o la Unión Europea, muchas de esas empresas han demandado a muchos países latinoamericanos por presunto incumplimiento de los Tratados. Resueltas por Tribunales de Arbitraje especiales, esos procesos se materializan en compromisos de pagos por 22 mil millones de dólares que los gobiernos de la región deberían eventualmente desembolsa.

"Impactos de las Demandas de Arbitraje de Inversores contra Estados de América Latina y el Caribe", es el título del informe publicado por el Transnational Institut (TNI), organismo basado en Holanda, en el que se analizan y detallan las causas y consecuencias de esas demandas. Cecila Olivet, coautora del informe explicó a RFI las causas y consecuencias de esta situación;

Los Tratados de protección de inversiones son acuerdos entre dos estados, en los que se acepta darles a los inversores del otro país diversos derechos así como ceder soberanía, para que los inversores demanden a esos estados cuando estiman que sus derechos han sido afectados, precisa Olivet.

Entre 1996 y 2006 hubo una primera ola de demandas contra diversos países de América Latina; pero se observa una segunda ola de demandas después del 2007 y hasta el 2018, con un total de 175 demandas.

Las causas de ese crecimiento exponencial son diversas. Entre otras se puede citar el hecho que los inversores se han dado cuenta del potencial de poder que representan los TBIs;  el que diversos despachos de abogados especialistas en derecho comercial promueven esos litigios, y que en la última década varios gobiernos clasificados como de izquierda, que como parte de sus políticas buscaron recuperar soberanía sobre sus recursos naturales, lo que implicó cambiar las reglas del juego. Ese cambio de reglas hizo que los inversores recurrieran a la multitud de tratados que existen a nivel internacional.

“De los 42 países de América Latina y el caribe, 22 ya han sido demandados en el sistema internacional de arbitraje”, subraya el informe.

“De hecho en América Latina el único país que no ha firmado un tratado que incluye este tipo de disputas entre inversores y Estado es Brasil, que, curiosamente, es también el país que recibe mayor inversión extranjera directa, lo que nos lleva a cuestionar la correlación entre la firma de tratados de protección de inversiones y la atracción de esta inversión extranjera que es una de las razones para promover la firma de este tipo de tratados”, puntualiza Cecilia Olivet.

--Países más afectados y monto de las demandas de los inversores

Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú representan casi tres cuartas partes de las demandas de los inversores contra países de la región. Como se puede observar, entre los países demandados están no sólo aquellos que impulsaron medidas en favor de su soberanía, sino también otros que han sido promotores de las políticas de apertura a la inversión extranjera, su desreglamentación, y de la firma de los TBIs.

De acuerdo con "Impactos de las Demandas de Arbitraje de Inversores contra estados de América Latina y el Caribe", el total de demandas desde 1996 asciende a la estratosférica suma de 179,396 millones de dólares. Conforme a los casos resueltos, “lo que efectivamente se les ha ordenado a los Estados pagar a los inversores hasta el momento asciende a 21,807 millones de dólares”, una suma que equivale “al total de la inversión extranjera directa que recibieron de manera combinada Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay en el 2015”.

Los países que más demandas han presentado contra los Estados de América Latina son Estados Unidos, Canadá, Holanda, España y Francia, en tanto que los sectores más afectados por las demandas son el de la minería, gas y petróleo, que representan casi una cuarta parte del total de las demandas.

El informe precisa que hay Tribunales de Arbitraje especiales que tratan esas demandas. De los 225 árbitros que han formado parte de uno de esos tribunales, un 10% ha participado en 42% de los casos. Conviene subrayar que un abogado puede cobrar 3 000 dólares por día, lo que hace que esas demandas se traduzcan en sumas multimillonarias.