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Brasil

Brasil criminaliza la homofobia

En un controversial fallo el Supremo Tribunal Federal de Brasil compara la homofobia con el delito de racismo. La decisión motivó una cerrada respuesta de un sector conservador del Congreso. Las iglesias pentecostales, por su parte han manifestado realizar todo lo posible para que esto no se traduzca en ley.

Gay Pride en Copacabana, Río de Janeiro, el 30 de septiembre de 2018.
Gay Pride en Copacabana, Río de Janeiro, el 30 de septiembre de 2018. Mauro Pimentel / AFP
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El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió criminalizar la homofobia comparándola con el delito de racismo y señaló al poder legislativo como “omiso” al no aprobar hasta la fecha una ley que permita castigar este tipo de conducta. Este pronunciamiento ha sido considerado por diversas ONG como un paso importante para las minorías sexuales en un país con más asesinatos de personas LGBT en el mundo.

Con ocho votos a favor y tres en contra, el STF asume esta decisión hasta que el Congreso, conformado por una mayoría conservadora y con fuerte influencia de las iglesias pentecostales, formule una ley específica para castigar ese tipo de discriminación.

Cármen Luzia, una de las juezas que votó a favor, declaró que todo prejuicio es violencia, y que toda discriminación es causa de sufrimiento. “Aprendí que algunos prejuicios causan más sufrimientos que otros, porque son heridas que castigan a la persona ya desde su hogar, aparta padres de hijos, hermanos, amigos, por la simple circunstancia de intentar vivir lo que se lleva como esencia y que no cumple con el disfraz socio-político determinante”, expresó.

Reacciones en contra

Sin embargo, los tres magistrados que votaron en contra consideran que la criminalización de la homofobia compete al Congreso y no al Supremo Tribunal. "Solamente el Parlamento puede aprobar [la definición de] delitos y penas; sólo el Parlamento puede legislar sobre conducta penal", opinó Ricardo Lewandowski, miembro del Supremo.

El Congreso de Brasil no tardó en pronunciarse. La presidencia del Senado en un comunicado señaló que “La Constitución asegura al Congreso Nacional la atribución de legislar. El Parlamento respeta la decisión del Poder Judicial (...) pero no puede aceptar la interpretación de que es omiso, ya que se guía por el debido respeto a la democracia y la pluralidad de opiniones, representadas en los diferentes legisladores electos por el pueblo".

La Cámara Alta informó asimismo que existe al menos un proyecto en tramitación sobre la criminalización de la homofobia, pero éste aún no ha sido apreciado por la Cámara de Diputados.

Las iglesias pentecostales que concentran una numerosa representación en el Congreso han manifestado que realizarán todo lo posible para frenar iniciativas como la aprobada por el Supremo Tribunal. Para muchos líderes de estas iglesias, la criminalización de la homofobia podría restringir la libertad de culto de sus pastores, que temen ser penalizados por rechazar las uniones homosexuales invocando textos religiosos.

Una “preocupación” que no podría tener sustento ya que el Supremo dejó explícito que la criminalización de la "homotransfobia" no puede restringir la libertad religiosa, siempre y cuando los cultos no promuevan un "discurso de odio" que inciten a la discriminación, hostilidad o violencia contra personas debido a su orientación sexual o su identidad de género.

Algunas cifras

Según la ONG Grupo Gay da Bahía (GGB), que recoge estadísticas nacionales desde hace cuatro décadas, en 2017 hubo 387 asesinatos y 58 suicidios por "homotransfobia", un 30% más que en 2016. Esto implica la muerte por suicidio o asesinato de una persona LGBT (lesbianas, gays, bixesuales, travestis, transexuales, transgéneros) cada 19 horas en Brasil.

Cabe destacar que los actos de racismo en Brasil son castigados de uno a tres años de prisión o con pago de multas. Luego de esta controvertida decisión, las mismas condiciones serán aplicadas para los actos de "homotransfobia".

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