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El gobierno del presidente François Hollande se ha propuesto reformar el Código del Trabajo francés, la iniciativa tal vez más arriesgada de su mandato que comenzó en 2012 y concluye el año entrante. Anunciado en octubre pasado, el proyecto de reforma cuyas líneas generales se conocen ya ha despertado la oposición unánime de todas las organizaciones sindicales y ha generado iniciativas en favor de una movilización nacional de repudio la próxima semana.

La ministra del Trabajo, Myriam El Khomri, el pasado 18 de febrero de 2016.
La ministra del Trabajo, Myriam El Khomri, el pasado 18 de febrero de 2016. Reuters
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Hollande y el Partido Socialista están bajo fuerte presión. El proyecto de reforma del Código de Trabajo podría significar la crisis final de ese partido, en tanto que el presidente estima que dicha reforma es impostergable. Para las organizaciones sindicales, el proyecto en su estado actual no puede sino representar un retroceso de los derechos y conquistas sociales reconocidos hasta ahora.

Según la ministra del Trabajo, Myriam El Khomri, una de las razones principales que explican el porqué de la propuesta es que cada año entran al mercado del trabajo 850 mil personas, en tanto que salen jubiladas 700 mil. Si la creación neta de empleos es de unas 50 mil plazas, eso significa que hay un déficit de 100 mil empleos que la economía no logra satisfacer. Los empleadores aseguran que la causa central es que el Código del Trabajo se ha convertido en un freno para el empleo.

Flexibilidad es una de las palabras clave que entrecruzan esta polémica. El primer ministro Manuel Valls lo ha subrayado en todas y cada una de sus apariciones desde que en noviembre pasado anunció su propuesta de modificar la legislación laboral actual.

Los representantes de los empleadores han dado a conocer sus propuestas de reforma. Algunas, como el llamado "contrato ágil" que implica que un asalariado podría ser despedido fácilmente durante los primeros tres años de trabajo si la empresa atraviesa dificultades económicas, no fueron retenidas por el gobierno, mientras otras sí lo fueron. Entre otras cosas, el proyecto clarifica las reglas del despido por causas económicas y flexibiliza el tiempo de trabajo.

Varias de las principales organizaciones sindicales francesas alcanzaron un acuerdo mínimo para pedir que el gobierno modifique su proyecto de reforma; al mismo tiempo un grupo de personas lanzó una iniciativa en internet bajo el título “Loi travail : non, merci” (ley de trabajo: no, gracias), que en menos de dos semanas reunió casi 850 mil firmas.

Este lunes 29 de febrero, ante el crecimiento del descontento social, Manuel Valls anunció que el gobierno se daba unos días más para presentar su proyecto. El forcejeo entre el gobierno y los sindicatos está por entrar en su etapa decisiva. Para el primero, se trata de una prueba donde se juega su credibilidad ante los empleadores. Para los segundos, la clave consiste en probar que son útiles y necesarios.

Según una reciente encuesta, 70% de los franceses consideran que la reforma es una amenaza para los derechos de los asalariados y sólo 30% piensan que servirá para crear empleos, en un país donde existen hoy 5 millones de desempleados.

Entrevistados: Sebastián Viscuso, representante sindical de la Federación Nacional de Minas y Energía de Francia, André Fadda, delegado sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT), y Christophe Aguiton, sindicalista y miembro de la organización social ATTAC.

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