La UE propone medidas urgentes tras el escándalo de los Panamá Papers
Los ministros de Finanzas de los 28 países de la Unión Europea reunidos en Amsterdam han porpuesto una serie de medidas para luchar contra la evasión fiscal y elaborar una lista de paraísos fiscales tras las revelaciones de los Panamá Papers.
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Entre las medidas la UE propone crear una lista común de paraísos fiscales utilizados por las empresas o los particulares para evadir y reducir su base impositiva.
De momento, sólo algunos países de la UE tienen una lista de paraísos fiscales, y las políticas son muy variables. En primer lugar deberán definir un método común para identificar quién podría figurar en la lista.
La Comisión hará propuestas para la próxima reunión, en mayo.
Transparencia fiscal
Los ministros también respaldaron una propuesta de cinco potencias de la UE para intercambiar automáticamente las informaciones y así identificar a los beneficiarios de firmas pantalla.
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y España presentaron la idea en el G20 de Washington la semana pasada.
La 'histeria' por los Panamá Papers
La próxima semana los países de la UE también lanzarán discusiones sobre las nuevas propuestas para exigir a las multinacionales que operan en Europa que hagan públicas sus ganancias en cada país de la UE .
El proyecto de informar sobre las operaciones país por país responde al reclamo de las organizaciones no gubernamentales que acusan a las multinacionales de declarar sus beneficios en las jurisdicciones con una fiscalidad más favorable.
Las propuesta, que hizo la Comisión la semana pasada, obligaría a las grandes compañías a publicar sus datos contables y fiscales, su volumen de negocios, sus beneficios así como la carga impositiva y los impuestos que pagan en los 28 países de la UE.
Se aplicará a las empresas que superen operaciones de 750 millones de euros anuales a nivel mundial y con actividades en la UE. Según fuentes comunitarias el plan alcanzaría a unas 6.000 empresas, de las cuales unas mil son de Asia.
Pero la UE está dividida sobre la idea. Algunos argumentan que las informaciones sensibles de las empresas deben ser consultadas únicamente por las autoridades fiscales.
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