La ‘regla de oro’ presupuestaria divide a los españoles
La reforma de la Constitución que pretende limitar por ley el déficit del Estado español a partir de 2020 y que cuenta con el respaldo de los dos grandes partidos mayoritarios, está generando un fuerte rechazo de las formaciones minoritarias de izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos, además de provocar la protesta de sindicatos y movimientos sociales, aunque por distintas razones.
Primera modificación:
Por el correspondal de RFI en Madrid
Izquierda Unida (IU), que agrupa a comunistas, verdes y republicanos, ha manifestado ya su desacuerdo con una reforma que a partir de 2020 obligará al Gobierno de turno a apretarse el cinturón limitando considerablemente el margen de maniobra del conjunto del Estado para atender a los sectores más desfavorecidos.
“La soberanía ahora es de los mercados. Parece que hemos estado en una fiesta y hay que hacer penitencia. La mayor parte de la ciudadanía no ha participado en esa fiesta. Esta reforma busca imponer el despilfarro privado, el de las grandes empresas, que supone dos tercios de la deuda española, y es el verdadero problema”, señaló el portavoz de IU, Gaspar Llamazares.
Tampoco los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco están de acuerdo en poner un techo constitucional a los gastos del Estado español, ya que esta medida implicará que los territorios autónomos (Comunidades) dispondrán de menores presupuestos para hacer frente a sus necesidades.
El movimiento 15 de mayo (15-M), que agrupa buena parte del descontento civil, ha demandado un referéndum para que los ciudadanos puedan expresar en las urnas su apoyo o rechazo a una reforma constitucional que los indignados españoles califican de retrógrada, por lo que supondrá de retroceso para el bienestar social de la mayoría.
También los sindicatos se han manifestado en contra de una reforma constitucional que califican de “lesa democracia”, al hurtar el debate a la ciudadanía.
La reforma de la Constitución española es la segunda que se realiza desde que la Carta Magna fue aprobada en 1978, al término de la dictadura del general Francisco Franco, y cuenta con el apoyo del gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del derechista Partido Popular (PP), que coinciden en la urgencia de ofrecer una imagen más sólida de las finanzas españolas a nivel internacional para evitar la especulación de los mercados.
Las dos formaciones mayoritarias aprobarán el próximo viernes la reforma constitucional que fijará en 0, 4 por ciento el límite máximo del déficit público de España para 2020, lo que significará que la austeridad estatal se extenderá a las 17 Comunidades Autónomas que hasta ahora manejaban sus presupuestos con mayor independencia y cuya deuda se ha incrementado en los últimos cuatro años en un 63 por ciento.
En 2010, el déficit público español superó ampliamente el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en tanto que la deuda pública se ubicará a finales de este año por arriba del 75 por ciento.
La iniciativa que pretende plasmar en una ley orgánica las futuras obligaciones financieras del Estado español, requiere para su aprobación el apoyo de una mayoría calificada (2/3 del Parlamento) que se alcanzará sin problemas con la suma de los votos del PSOE y del PP que están fundamentalmente de acuerdo en reformar la Constitución para tranquilizar a los mercados financieros internacionales, que en los últimos meses han puesto en entredicho la solvencia de España, rebajando su calificación crediticia.
Según todas las encuestas, la derecha española ganaría las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre, por lo que el PP, que ha pedido insistentemente al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero una mayor austeridad, respalda plenamente el progresivo ordenamiento de las cuentas públicas que deberá administrar desde el Estado central si su candidato Mariano Rajoy llega finalmente al poder.
La reforma constitucional española podría sentar un precedente en la Unión Europea (UE), sobre todo en los países con mayor déficit público como Italia que se han visto obligados a implementar políticas de choque para evitar el rescate financiero del que ya fueron objeto Irlanda, Portugal y Grecia.
Alemania y Francia han pedido a los países más vulnerables de la UE en términos financieros que se comprometan realmente con una política austera y pongan un límite al endeudamiento estatal, tal como hará España al plasmar en la Constitución el porcentaje máximo de su déficit público a partir de 2020.
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