Desahucios en España: el miedo a quedarse en la calle

Tras las últimas elecciones locales en España, varias candidaturas populares han llegado a los ayuntamientos de algunas de las ciudades más importantes del país, como Barcelona, cuya alcaldesa, Ada Colau, es un referente del activismo contra los desahucios. Entre las prioridades de estos gobiernos están los planes para evitar que haya personas que se queden sin vivienda, un problema social con causas complejas y soluciones difíciles que analizamos en este reportaje. 

Reuters

Ana es una mujer de República Dominicana que lleva media vida en España. Con la llegada de la crisis económica, perdió su trabajo y no tenía con qué pagar su hipoteca, así que dejó de hacerlo. “Hace dos años y algo que no pago. Estás en una situación en la que tienes vergüenza, estás asustada. Piensas que has sido torpe, tonta”, cuenta.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 hubo 35.000 viviendas en las que se inició el proceso legal para quitar la casa a quien no la paga, aunque no siempre el deudor acaba en la calle, a menudo se queda en la vivienda pagando un pequeño alquiler al banco. Pero el drama de los desahucios empieza mucho antes, según cuenta uno de los coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, Luis Chamarro: “El desahucio inmobiliario es la fase final, pero nosotros tratamos de evitar el desahucio vital, en el que toda tu vida se viene abajo a partir del momento en el que sabes que puedes quedar en la calle, que sabes que no puedes dar a tus hijos tres comidas diarias”.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guilarte cree que en el problema de los desahucios tienen responsabilidad los bancos, el Estado y las propias familias que se endeudaron demasiado. “El préstamo fluyó disparatadamente. Los arrendatarios eran el escalafón ínfimo de la escala económica. En cuanto alguien tenía una nómina con 100 euros, conseguía una hipoteca y compraba una vivienda”, explica. En su opinión, la solución al problema pasa por condonar deuda a las familias. “Si yo no tengo nada y no puedo pagar nada, yo doy todo lo que tengo porque no tengo más pero me pone usted el contador a cero. Nos interesa a ambas partes que, en vez de entregar la vivienda, yo le entregue 300 euros este año, y el que viene, y si voy a mejor fortuna, 400”, razona.

Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española que agrupa a los principales bancos, defiende que las entidades financieras ya condonan deudas y dan alquileres sociales en muchos casos, pero que esas medidas no se pueden generalizar. “Con cargo al dinero, siempre cabe la posibilidad de ir un poco más allá en la renegociación, pero eso es dejar el crédito en unas circunstancias más defectuosas y entonces el aprovisionamiento tiene que ser mayor. Si el aprovisionamiento es mayor, el beneficio es menor y entonces la bolsa dice que ‘no sé qué’ y las acciones bajan”, argumenta, y añade: “Es verdad que detrás de todo esto hay un problema social importante, pero no es un problema financiero. A las entidades financieras no les corresponde administrar políticas sociales, bastante tienen con administrar los balances, que no es fácil”.

Movimientos como las plataformas de afectados por la hipoteca reciben a las familias, las ayudan a negociar con el banco y luchan por defender el derecho a una vivienda digna. A una reunión de la plataforma de Madrid acude una mujer angustiada porque no puede pagar la casa. Los miembros del colectivo la escuchan y la animan a no preocuparse tanto por la hipoteca sino porque sus hijas sonrían.

Entrevistados: Ana, mujer de República Dominicana que vive en España, Luis Chamarro, uno de los coordinadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid, Vicente Guilarte, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española.