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Eurocámara ratifica el controvertido acuerdo comercial de la UE con Canadá

Eurocámara ratifica el controvertido acuerdo comercial de la UE con Canadá
 
Eurodiputados en contra del CETA, en Estrasburgo, este 15 de febrero de 2017. Entre ellos, la ultraderechista francesa Marine Le Pen. REUTERS/Vincent Kessler

El Parlamento Europeo dio su acuerdo este 15 de febrero para la puesta en marcha del polémico Acuerdo Económico y Comercial Global, CETA, entre Canadá y la Unión Europea. Con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, los europarlamentarios abrieron la vía para que comience a operar el primer acuerdo de libre intercambio entre el primer bloque comercial del mundo, la Unión Europea y un país industrializado, Canadá.

Según sus promotores, deberá permitir incrementar considerablemente los intercambios bilaterales comerciales y de servicios, bajo condiciones de protección para los europeos, declaró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, antes de la votación.

Las negociaciones del CETA concluyeron en agosto del 2014 pero no fue sino el año pasado que la UE y Canadá presentaron la propuesta de acuerdo. Desde hace tres años cientos de organizaciones en Europa y Canadá se han movilizado para exigir democratizar y hacer más transparentes las políticas comerciales de la UE.

Más de 3,5 millones de personas de toda Europa firmaron una petición contra el CETA y más de 2.100 gobiernos locales y regionales de la UE se declararon zonas libres del CETA o “CETA free zone”. Entre las organizaciones más movilizadas están los pequeños y medianos productores agrícolas.

De acuerdo con los estudios de evaluación realizados por la UE sobre el CETA, se estima que el Producto Interno Bruto de la Unión crecerá a largo plazo -más de 20 años- en 0,03% y las exportaciones a Canadá lo harán en 0,07%. El acuerdo incluye más de 1.600 páginas, de una gran complejidad, aunque una vez aprobado por el Parlamento Europeo gran parte del acuerdo entrará en vigor sin haber sido ratificado por los parlamentos nacionales.

Las organizaciones opuestas al CETA temen los efectos del poder acordado a las empresas para poder perseguir a un gobierno en razón de "prácticas por discriminación". Se ha creado el Sistema Judicial de Inversiones, pero no se pide en contrapartida ninguna obligación adicional a las empresas.

Tras el voto en el Parlamento Europeo las organizaciones opuestas al CETA llaman a movilizarse a nivel de los 28 parlamentos europeos para parar su ratificación, un trámite de final muy incierto. La Corte Europea deberá asimismo estudiar la legalidad de las facilidades controvertidas acordadas a los inversionistas extranjeros.

Entrevistados: José Miguel Pacheco, miembro del Comité Coordinador de la Coordinadora Europea de Vía Campesina, Javier Nart, eurodiputado del Grupo Alianza de los Demócratas y de los Liberales por Europa, Inmaculada Rodríguez, europarlamentaria miembro del Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo e integrante de la Comisión de Comercio Internacional, y Virginie Gonzalez, diputada miembro del Parlamento de Valonia, en Bélgica.
 

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