Los desplazamientos de decenas de miles de personas provenientes en su mayoría de Medio Oriente o África que intentan llegar a Europa han provocado lo que la ONU califica como la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. En el primer semestre del año más de 100,000 migrantes y refugiados llegaron a Europa cruzando el Mediterráneo, en tanto que más de 2,200 perdieron la vida, afirma ese organismo.

En 2015 los países europeos alcanzaron un acuerdo comprometiéndose a aceptar a tan solo 160,000 refugiados, pero dos años después apenas 20,000 han sido reinstalados, exhibiendo así uno de los mayores fracasos de Europa como proyecto social.

Frente a esa realidad, organizaciones europeas, africanas y asiáticas pidieron al Tribunal Permanente de los Pueblos, con base en Italia, organizar un Tribunal sobre la violación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y su impunidad. Se trata de reclamar los derechos de los migrantes, denunciar aspectos de las políticas europeas tales como el extractivismo en gran escala y el acaparamiento de tierras que imponen los tratados de libre comercio, la construcción de una Europa fortaleza y los benéficos que las empresas privadas europeas obtienen de esa situación.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, o TPP como se le conoce, se estableció en 1979 tomando como principal referencia la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Argel.

La sesión de instalación del TPP sobre los derechos de los migrantes tuvo lugar en Barcelona el 8 de julio. 

La acusación

"Estamos asistiendo a un movimiento sin precedentes de niñas y niños, desplazados y desposeídos, migrantes y personas refugiadas en todas las regiones del mundo. En las fronteras militarizadas de la Fortaleza Europea, los derechos humanos son negados o se encuentran disminuidos", afirman los convocantes del Tribunal para quienes hay una relación estrecha, indisociable entre la política y la economía.

Tras el cierre el año pasado de la casi totalidad de accesos a través de Grecia a Europa, este año han llegado unas 90 000 personas migrantes a Italia -una cifra que según la ONU es una carga "insoportable" para ese país. Las condiciones en las que trabajan muchos de los migrantes que logran llegar a suelo italiano y obtener algún empleo generalmente son dejadas de lado.

Al igual que en Italia en España la situación en regiones como Almería es igual o peor. Los migrantes trabajan en “condiciones laborales de explotación total”, según narraron testigos que asistieron a la sesión del TPP

Asimetría jurídica y económica favorable a las empresas, no a las personas

Contrariamente a lo que destilan algunas informaciones, cabe precisar que apenas un tercio de los movimientos migratorios del mundo se da de los países del Sur hacia los del Norte. Como destaca la acusación presentada ante el Tribunal sobre la violación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, se ha instalado una importante asimetría económica en la que las empresas transnacionales han arrancado la gestión de nuevos espacios de poder, tal y como se observa con los centros de internamiento para extranjeros donde son recluidas las personas pese a que no han cometido delito alguno.  Hay también asimetría jurídica pues esas mismas empresas reciben mejor trato y obtienen más derechos que las personas. Hay seguridad jurídica para las primeras, poco o nada para las segundas

Esa situación afecta particularmente a las mujeres y los niños, los más vulnerables cuando se trata de violencia y/o explotación sexual. En 2016 cuando la crisis de los migrantes que buscaban llegar a Grecia alcanzó su clímax, se reportó la desaparición de más de 15 000 niños de los que no se volvió a saber nada. Una situación que se produjo también en México, en 2014, con igual resultado. Nadie asume la responsabilidad. Son como invisibles.

Responsabilidad de empresas y externalización de la seguridad fronteriza

Las organizaciones convocantes del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre los derechos de los migrantes y refugiados denuncian que grandes empresas como la española Mora Salazar, la francesa Thalès, la italiana Fimmeccanicca, o la alemana Siemens, entre muchas otras son las grandes beneficiarias de la política migratoria de la Unión Europea. Uno de los eventos más importantes a nivel industrial en la Unión Europea es la Feria Anual de Fabricantes de Vallas, de Núremberg, Alemania. La externalización de la seguridad es un negocio que paga bien.

La llamada crisis migratoria es en los hechos una crisis de la Unión Europea como proyecto social. La violencia social desatada por la búsqueda insaciable de ganancias aunada a las limitaciones de derechos deja abierto el espacio a organizaciones criminales que buscan a su vez sacar beneficio de esa situación.

Frente a esta situación de grave crisis como denunciaron los diferentes testigos de cada uno de los 6 apartados en que se divide la acusación dirigida al Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la violación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y su impunidad, se requiere plantear nuevas alternativas de corto, medio y largo plazo, pero será un trabajo difícil, estiman los jueces del Tribunal.

Se espera que se desarrollen sesiones de carácter nacional o local en otros países de Europa y probablemente en África para afinar y reforzar los argumentos de la acusación antes que El TPP rinda su sentencia hacia finales del 2018. 

Entrevistados: Helena Maleno, Investigadora especialista en migraciones y Trata de seres humanos, con especial atención a mujeres y menores; Nino Quaranta, miembro de la organización SOS Rosarno y de la cooperativa social Mar y Tierra de Calabria; Federico Pacheco, miembro del Sindicato de Obreros de Andalucía e integrante de la Coordinación Europea de la Vía Campesina; Giani Tognoni, Secretario del Tribunal permanente de los Pueblos; Leticia  Gutiérrez, Misionera Scalabrina, directora de SMR, Scalabrinianas, Mision con Migrantes y Refugiados de México; Rosa Irazusta, Presidenta del centro filipino San Benito.