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Europa

Recrudece el pulso entre autoridades españolas e independentistas catalanes

media Una estelada (bandera independentista catalana) junto a un semáforo en rojo en Alella, al norte de Barcelona, el 5 de septiembre de 2017. Fuente: Reuters.

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el referendo, al admitir a trámite los cuatro recursos presentados este jueves por el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy. Los líderes independentistas catalanes desoyeron las decisiones del Constitucional y aseguran que éste no va a parar la votación.

Con Marta Arias, desde Barcelona

Tal como se esperaba, el Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad en la noche del jueves la ley que regula el referéndum y el Parlamento catalán contraatacó aprobando de madrugada esta otra ley de transitoriedad jurídica, que aspira a ser la última de ruptura con el Estado español.

"No suspenderán la democracia en Cataluña, ni ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado", dijo el presidente regional, Carles Puigdemont.

"La obsesión de suspender constantemente la democracia y la política es inútil ante la firme voluntad de decidir nuestro futuro", abundó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

La normativa por los independentistas pretende hacer las veces de Carta Magna provisional para regular el marco jurídico hasta la entrada en vigor de una hipotética nueva Constitución.

Ahora mismo la situación en Cataluña presenta más nubles que claros y las incertidumbres no sólo legales sino sobre todo legales no dejan de incrementarse.

Por un lado, la Fiscalía General del Estado ha avisado a funcionarios y ciudadanos que participen en el referéndum que podrían estar cometiendo delitos de prevaricación, desobediencia y malversación cuyas consecuencias pueden ser penadas con hasta ocho años de cárcel.

En una comparecencia ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, el presidente del gobierno español, Marian Rajoy, apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, informándoles de que tienen el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referendo".

Además, los mozos (la seguridad) tienen orden de requisar urnas, sobres y todo tipo de material electrónico relacionado con el referéndum 1 de octubre, una consulta que de momento parece salir adelante. Sólo entrará en vigor si gana el Sí a la independencia.

Los alcaldes son un elemento clave. Puigdemont les ha enviado una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para acoger los puntos de votación.

Según él, más de 500 ya han manifestado su apoyo al referéndum, aunque los consistorios de grandes ciudades como Barcelona aún no han respondido.

 
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