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Francia

Los diputados franceses comienzan a debatir la polémica reforma de la Constitución

media El primer ministro Valls en la Asamblea Nacional, París, 5 de febrero de 2016. REUTERS/Charles Platiau

En la Asamblea Nacional se comenzó a debatir este 5 de febrero un proyecto de reforma para inscribir en la Constitución el estado de emergencia y la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de actos terroristas, medidas propuestas tras los atentados de noviembre en París.

Tres días después de los atentados del pasado 13 de noviembre en París que causaron 150 muertos y centenares de heridos, el presidente Hollande anunció su intención de inscribir en la Constitución el estado de emergencia y la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de actos terroristas con doble nacionalidad.

Si en ese momento el mandatario francés fue largamente aplaudido por su reacción ante los ataques, tres meses después ya no cuenta con el mismo respaldo unánime de la clase política.

La reforma constitucional es muy criticada tanto en su propio bando como en la derecha. Ya provocó incluso la dimisión de la ministra de Justicia Christiane Taubira y críticas en el extranjero.

Pérdida de la nacionalidad para todos

Para calmar las críticas, el gobierno ha hecho una primera concesión con respecto a la pérdida de la nacionalidad para los autores de actos terroristas.

El primer ministro Manuel Valls precisó este viernes que la medida no se limitará solamente a los ciudadanos con doble nacionalidad (binacionales), sino que incluirá también a los que son solamente franceses (mononacionales). Un juez, además, deberá aprobar la medida.

Pero esto es una argucia jurídica, ya que el derecho internacional prohíbe crear apátridas (en el caso del retiro de la nacionalidad a los mononacionales), y muchos diputados tanto de izquierda como de derecha siguen opuestos a la reforma.

La medida también ha sido cuestionada en la calle. Este viernes está prevista una nueva manifestación contra la reforma ante la Asamblea Nacional (cámara baja) durante el examen de la ley, que será sometida al voto de los diputados el miércoles próximo. El sábado, miles de personas ya se habían manifestado en varias ciudades de Francia.

El gobierno "ha arrojado al pozo nuestros valores", afirmó en la Asamblea la diputada ecologista Cécile Duflot, exministra de François Hollande.

Pero el primer ministro Valls defendió su texto arguyendo que los franceses quieren "una unidad sin fallas".

Pese a todo, no todos los parlamentarios de derecha aprobarán el texto, por razones de principio pero también por cálculo político, dado que las maniobras para la elección presidencial de 2017 han empezado ya. Es decir que su adopción no es segura, puesto que para modificar la Constitución el texto debe ser adoptado en una versión idéntica por la Asamblea y por el Senado y luego por las dos Cámaras reunidas en Congreso por tres quintos de los votos.

Actualmente ya es posible retirar la nacionalidad a personas que la hayan adquirido desde hace menos de 15 años y que hayan sido condenadas por terrorismo.


Grabar en el mármol el estado de emergencia

El estado de emergencia figura en Francia en una ley de 1955 (adoptada en plena guerra de Argelia). El objetivo ahora es darle un marco constitucional. Sus detractores consideran que la medida es inútil y puede ser peligrosa para las libertades públicas.

El miércoles éstos recibieron el respaldo del Consejo de Europa, que estimó que su aplicación tras los atentados dio lugar a “abusos por parte de la policía” y contribuye a “reforzar la estigmatización de los musulmanes”.

Inscribirlo en la Constitución es “grabar en el mármol” su “carácter excepcional”, argumentó el viernes Valls. Según él, el estado de emergencia, que contempla la prohibición de manifestaciones, los arrestos domiciliarios y los allanamientos sin la autorización previa de un juez, es “eficaz” e “indispensable para la seguridad” de los franceses.

 

 
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