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Francia

El gobierno francés prohíbe una manifestación en París contra la reforma laboral

Aduciendo la posibilidad de que se repitan los enfrentamientos registrados en marchas anteriores, las autoridades francesas impedirán la manifestación convocada por los sindicatos contra la reforma laboral. La decisión, inédita desde 1962, puede tener un alto costo político para el oficialismo.

El 26 de mayo de 2016, la manifestación parisina contra reforma laboral dio lugar a desmanes.
El 26 de mayo de 2016, la manifestación parisina contra reforma laboral dio lugar a desmanes. REUTERS/Charles Platiau
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El gobierno francés zanjó y anunció este miércoles que prohibía la manifestación convocada el jueves en París por varios sindicatos contra la reforma laboral. La Prefectura de París asegura no haber tenido “otra opción” teniendo en cuenta las dificultades para garantizar la seguridad tras los desmanes ocurridos en concentraciones anteriores y el estado de cansancio de los policías, muy solicitados en el marco del “estado de emergencia” por la amenaza terrorista.

“Mis colegas están fatigados, extenuados, y para poder asegurar en las mejores condiciones una manifestación habría sido necesario liberarlos de algunas misiones, porque estamos en todos los frentes: la Eurocopa, el terrorismo. No podemos hacer todo”, explicó Frédéric Lagarde, secretario general adjunto del sindicato de policía Alliance.

Hasta último momento, el gobierno intentó que lo sindicatos aceptaran una manifestación estática, lo que fue rechazado por los gremios. “Es más fácil garantizar una manifestación itinerante que una concentración estática. Se está atentando a un derecho fundamental. Estamos en una democracia”, argumentó por su parte Karl Ghazi, secretario general adjunto de la CGT Comercio París.

Los sindicalistas pusieron el grito en el cielo. “Desde 1958 que no se prohibía una manifestación a una confederación intersindical (...) Si es así, Francia se uniría a un pelotón de ciertos países que no pueden ser calificados de democracia”, reaccionó Jean-Claude Mailly, secretario general del gremio Force Ouvrière. A la protesta por la decisión de prohibir la marcha se sumó el sindicato CFDT, que sin embargo apoya la reforma laboral.

Entretanto, los líderes sindicales exigían -y obtenían- una reunión urgente con el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve en que se comprometieron a “alcanzar una solución”.

Lo cierto es que a decisión del gobierno es excepcional; no ocurría desde el 8 de febrero de 1962, cuando la prefectura de París prohibió la manifestación de sindicatos que habían convocado a marchar por la paz en Argelia.

Para un gobierno socialista, el costo de la prohibición de manifestar a lo que se presume constituye buena parte de su electorado puede ser alto a un año de las elecciones, en momentos en que la popularidad del presidente François Hollande está por los suelos.

Mientras, todo el arco político condena la prohibición del gobierno. El líder de Les Républicains y ex presidente Nicolas Sarkozy juzgó que la decisión “no es razonable”. En la extrema derecha, Marine Le Pen escribió en Twitter que el gobierno incurría en un “grave atentado para la democracia”. Pero las críticas también llegaron al propio partido en el poder, donde el líder de los disidentes socialistas Christian Paul, estimó que el gobierno incurría en “una falta histórica”.

 

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