¿Dónde juzgar a los combatientes franceses del grupo EI?
La condena en Irak a perpetuidad de la francesa Melina Boughedir por pertenecer al grupo yohadista Estados Islámico, relanzó el debate sobre qué hacer con los ciudadanos franceses que se unieron organizaciones terroristas. ¿Deben ser juzgados en el país dónde son acusados o en Francia?
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En noviembre del año pasado el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció una política de repatriación de los ciudadanos franceses que partieron hacia Siria e Irak para hacer la yihad. Pero el mandatario dejó en claro que sería una política de caso por caso.
El código penal francés deja en claro que la justicia gala puede juzgar a sus ciudadanos acusados de cometer actos de terrorismo, incluso cuando estos hayan tomado lugar en otros países. “La ley francesa se aplica a los crímenes y delitos calificados como actos de terrorismo (…) cometidos en el extranjero por un francés”, según el código penal.
Sin embargo, el principio de derecho internacional de soberanía de los Estados, les da el derecho de “decidir si quieren juzgar a estos hombres y mujeres o si, por el contrario, los entregan al país de su nacionalidad”, dijo en noviembre de 2017 el procurador de la república francesa, Francois Molins, jefe de la sección antiterrorista.
A principios de este año, la ministra de justicia francesa, Nicole Belloubet, subrayó que las personas que fueron detenidas en Irak o Siria deben “ser juzgadas en los países donde fueron arrestadas (…) si estos países tiene instituciones judiciales que son reconocidas”, precisó, según France Info, la ministra.
“Francia sigue la línea que fijó cuando estos jóvenes decidieron marcharse. Algunas de las madres de estos jóvenes acusan a las autoridades de haber hecho la vista gorda en ese tiempo para así eliminar el problema”, dijo a RFI la periodista Alexandra Gil, autora del libro En el vientre de la yihad. “Estas madres dicen que el gobierno no quieren hoy el regreso de estos yihadistas y que tampoco saben gestionar el caso de quienes retornaron”.
Uno de los puntos centrales el debate es el tema de la pena de muerte, abolida en Francia recién en 1981, durante la presidencia de François Mitterrand. La ley antiterrorista iraquí prevé la pena capital para quienes fueron encontrados culpables de haber perpetrado actos terroristas. La ciudadana francesa Melina Boughedir, escapó a este destino que hubiera puesto en aprietos al gobierno francés. Pero otros compatriotas de ella que esperan ser juzgados podrían correr esa suerte.
“Está prohibido extraditar un francés hacia un país que aplica esta pena”, dijo Patrick Baudoin, presidente de honor de la Federación internacional de los derechos humanos (FIDH).
Sobre los 1700 franceses que viajaron a Siria o Irak para unirse a grupos yihadistas, alrededor de 300 regresaron a Francia, según la AFP.
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