Francia, hacia una ciber-policía fiscal que vigila las redes sociales
En Francia, la administración fiscal anunció que experimentará vigilar las cuentas de usuarios de las redes sociales a partir de 2019, para mejorar la lucha contra el fraude. Este martes, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) expresó sus dudas acerca de esta iniciativa.
Primera modificación:
Si los franceses pensaban que sus vacaciones en hoteles cinco estrellas o el alquiler de un yate para un fin de semana sólo interesaban a sus amigos, se equivocaban. Fotos de vacaciones en Instagram, imágenes de autos deportivos en Facebook, tuits geolocalizados en paraísos fiscales… El fisco se interesa por las huellas digitales de los contribuyentes.
El pasado domingo, el ministro de Acción y de Cuentas públicas Gérald Darmanin afirmó en un programa televisivo que se iban a llevar a cabo “un cierto número de experimentos” para luchar contra el fraude fiscal. Entre estos, la vigilancia de las redes sociales para detectar signos de un nivel de vida incompatible con los ingresos declarados.
El hecho de que los datos estén accesibles públicamente no les quita su carácter de datos personales.
La administración fiscal podrá “constatar que si Ud. se saca numerosas fotografías al lado de un auto de lujo sin tener los medios necesarios para adquirir una, quizás sea de su primo o de su novia, pero quizás no”, subrayó Darmanin. Precisó que el experimento iniciará “seguramente al principio del año próximo”, al mismo tiempo que otras medidas previstas por una ley adoptada el pasado 24 de octubre, que tiene como objetivo dar más medios al Estado en esa lucha.
Para responder a las reacciones incrédulas y negativas tras este anuncio, el ministro indicó el lunes en su página Facebook que “se tratará de una herramienta suplementaria de lucha contra el gran fraude, ¡y de ninguna manera de una vigilancia generalizada de las redes sociales!”. Estos datos sólo serán “indicios” que se juntarán a datos ya explotados por la administración fiscal, precisó el ministro al denunciar las “fake news” que circulan sobre este tema.
Añadió que la iniciativa se lanzará después de haber recibido el aval de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), en el marco de las reglas de protección de los datos personales.
La CNIL, que afirma no haber sido solicitada hasta el momento, dio a saber este martes lo que piensa del asunto: la lucha contra el fraude es “un objetivo legítimo, pero un proyecto de este tipo levanta, por naturaleza, importantes cuestiones de proporcionalidad (…) considerando su carácter intrusivo en la vida privada de las personas y el carácter posiblemente masivo de esta colecta”.
La CNIL insiste en que “el hecho de que los datos estén accesibles públicamente no les quita su carácter de datos personales, y la exigencia de protección de la vida privada se aplica”.
Este dispositivo ya existe en otros países bajo otras formas. Canadá, India o Australia empezaron a desplazar la batalla contra los evasores en el terreno de las redes sociales. Sin embargo, el modelo que los rige a todos es el Reino Unido, que introdujo en 2008 el sistema Connect que a partir de numerosas fuentes (redes sociales, eBay, compañías aéreas…), recopila, analiza y centraliza datos sobre los contribuyentes.
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