Consejo Constitucional francés valida pruebas óseas en jóvenes migrantes
El Consejo Constitucional francés validó este jueves las pruebas óseas realizadas en los jóvenes migrantes para determinar si son menores de edad. Para las asociaciones, estos exámenes no son fiables y van en contra del interés de los niños.
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En Francia, los magistrados del Consejo Constitucional decidieron este 21 de marzo que las pruebas óseas practicadas para determinar la edad de los jóvenes migrantes son constitucionales.
Los “sabios”, como se les llama, admitieron sin embargo que estos exámenes “pueden tener un margen de error significativo”, una crítica regularmente enunciada por las ONG que denuncian que el margen de error se sitúa entre 18 meses y tres años. Una gran diferencia cuando se trata de saber si la persona es menor de edad o no.
El problema principal que plantea esta falta de fiabilidad es que, según los resultados de la prueba, el joven recibirá o no la protección del Estado.
Los jueces constitucionales estimaron que la ley prevé suficientes garantías, al mencionar el margen de error y dictaminar que estos exámenes no bastan para determinar la edad de la persona.
“La mayoría de edad de una persona no se puede deducir de su solo rechazo de someterse a un examen óseo”, dice la decisión del Consejo Constitucional. “Es la responsabilidad de las autoridades administrativas y judiciales competentes de dar su pleno efecto al conjunto de estas garantías”, añade.
En el origen del recurso al Consejo Constitucional, la historia de un joven guineano, Adama S., cuyo examen óseo arrojó que tenía entre 20 y 30 años mientras que él aseguraba tener 15 a su llegada en Francia. Su abogada se dijo decepcionada pero recalcó que los jueces habían dado “precisiones” para una mejor aplicación de la ley.
En su decisión, el Consejo Constitucional “reconoce una exigencia constitucional de protección del interés superior del niño” e impone que “los menores de edad presentes en el territorio nacional se beneficien de la protección legal que corresponde a su edad”.
Varias ONG aseguraron sin embargo que seguirán pidiendo la prohibición de estas pruebas, puesto que las garantías previstas por la ley no son respetadas.
Con AFP
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